El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y los agentes sociales -patronal y sindicatos- se dieron ayer una tregua de un mes para establecer la hoja de ruta del diálogo social que, en esta legislatura, está marcado por la desaceleración económica. En la que Zapatero llamó ayer primera «gran reunión» del diálogo social, los presidentes de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, de CEPYME, Jesús Bárcenas, y los secretarios generales de CC OO, José María Fidalgo, y de UGT, Cándido Méndez, transmitieron su voluntad de alcanzar acuerdos, pese a las «importantes» dificultades económicas.
Al encuentro también asistieron el vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, los ministros de Trabajo, Celestino Corbacho, de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, y de Igualdad, Bibiana Aído. Tras la reunión, Zapatero anunció el compromiso de aprobar, antes del 31 de julio, el documento que detallará las medidas y los asuntos que se tratarán en esta legislatura, y manifestó la «firme voluntad» del Gobierno de construir un diálogo social «reforzado», que se adapte a la situación actual.
Reiteró el presidente su compromiso de no tomar ninguna iniciativa que afecte a empresarios o trabajadores, sin el consenso de los interlocutores sociales. Recordó que en la pasada legislatura, gracias al diálogo social, se lograron importantes acuerdos, y anunció que en ésta se abordarán aspectos relacionados con la agilización de la creación de empleo, el mantenimiento de la solidez de la Seguridad Social, el desarrollo del Pacto de Toledo, reformas de la Formación Profesional y apoyo a las empresas.
Además, se comprometió a coordinar e impulsar la agenda que se aprobará antes del 31 de julio, para «dar la máxima fuerza y representación a todas las tareas que nos hemos puesto por delante».
En este sentido, Cándido Méndez dijo que esta decisión de Zapatero ratifica la importancia del dialogo social y «agranda su valor» en esta situación de dificultad económica, «que es creciente y no se puede minusvalorar». No obstante, UGT y CC OO advirtieron de que no deben ser los trabajadores los que paguen la crisis.
Méndez expresó su preocupación por el hecho de que el recorte de gastos pueda afectar a la mejora de la función pública, y Fidalgo destacó que el escenario económico y social de esta etapa «no tiene nada que ver» con el de hace cuatro años. El líder de CC OO añadió que los sindicatos intentarán por todos los medios que los «sacrificios» se repartan de manera equitativa y justa.
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