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OTR/PRES-MADRID/SEVILLA El PP pedirá en el Congreso de los Diputados la disolución del Ayuntamiento de Estepona al considerar que «los vecinos de este municipio malagueño tienen derecho a un gobierno local honrado que se dedique a trabajar para ellos y para su bienestar». Los 'populares' andaluces consideran que es «imposible» que el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, no supiera nada de la trama de irregularidades urbanísticas teniendo en cuenta que en este municipio existen 1.500 denuncias sobre trámites urbanísticos.

La portavoz del grupo parlamentario popular, Soraya Sáenz de Santamaría destacó, en unas jornadas sobre economía organizadas por el PP, que se debe expulsar del sistema «a los corruptos» que, en su opinión, son todos aquéllos que se aprovechan del servicio publico «para enriquecerse». Se refería así a la reciente detención del alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, del PSOE y de varios concejales implicados en un presunto caso de corrupción urbanística.

Sáenz de Santamaría insistió en que los vecinos de Estepona «tienen derecho a un gobierno local honrado, que se dedique a trabajar para ellos, para su bienestar y que no esté allí para enriquecer sus bolsillos y financiar lo infinanciable».

La portavoz del PP explicó que la lucha contra la corrupción tiene que ser una prioridad para el Ejecutivo, e indicó que hay que fortalecer la democracia y luchar para que la gente confíe en las instituciones, en los concejales y en los alcaldes.

A pesar de la insistencia del presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, de que desconocía totalmente lo acaecido en Estepona, los populares andaluces aseguran que esto es «imposible» teniendo en cuenta que en este municipio existen 1.500 denuncias sobre trámites urbanísticos, de las cuales la Junta presentó un total de 86 por irregularidades urbanísticas.

El secretario general del PP-A, Antonio Sanz señaló que «si no lo sabía peor y si lo sabía muy mal, pues no actuó», una actitud que consideró «irresponsable» y por la que Chaves «debería marcharse de la presidencia de la Junta de Andalucía».