Los magistrados del Tribunal Constitucional, reunidos en Pleno y encabezados por su presidenta, María Emilia Casas, decidieron por unanimidad declarar inconstitucional la ley que ampara la consulta soberanista planteada por el lehendakari, Juan José Ibarretxe, y avalada por la mayoría del Parlamento vasco, por violación del artículo 149.1.32 de la Constitución, que reserva al Estado la competencia exclusiva par autorizar la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.
El pleno del Tribunal Constitucional (TC) acordó ayer declarar por unanimidad la inconstitucionalidad «y consiguiente nulidad» de la Ley de Consulta aprobada por el Parlamento vasco el pasado el pasado 27 de junio, ya que, entre otros motivos, invade competencias exclusivas del Estado. Los diez magistrados que han participado en el debate -por motivos de salud no asistió Javier Delgado Barrio-, consideran en su sentencia que, pese al nombre de «consulta» utilizado por el Ejecutivo y el Parlamento de Vitoria, ésta no es sino un referéndum, cuya convocatoria, según la Constitución, puede ser autorizada exclusivamente por el Estado.
Además, afirman que el objeto de la consulta no es sino replantear la nueva relación entre el Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco, asunto que afecta al conjunto de los ciudadanos españoles y no sólo a los vascos. La Ley 9/2008, que fue recurrida por el Gobierno y el PP, preveía la celebración el próximo 25 de octubre de una consulta en el País Vasco en la que se preguntaría a la población sobre su apoyo a sendos procesos de final dialogado de la violencia y de negociación entre los partidos políticos sobre el ejercicio del derecho a decidir del pueblo vasco.
En este sentido, la resolución del TC señala que la ley «llama a consulta sobre un asunto de manifiesta naturaleza política (...) al cuerpo electoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco, pretendiendo conocer la voluntad de una parte del Pueblo Español a través de la voluntad del cuerpo electoral de esa Comunidad Autónoma».
Referéndum
«Siendo indiscutibles el objeto de la consulta, la voluntad requerida y que ésta ha de manifestarse mediante un procedimiento electoral dotado de las garantías propias de los procesos electorales, es claro también (...) que la consulta es un referéndum», afirma el Constitucional.
El Gobierno de Zapatero respeta y comparte la resolución del Constitucional. Por su parte, el portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, instó al presidente vasco a que «acate la sentencia» y «desista de sus pretensiones en la vía de romper la Constitución Española». Llamazares matiza: «Creemos que debe haber un camino con menos obstáculos legales para consultar a los ciudadanos».
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