Visto bueno del Poder Judicial a la norma que agilizará los desahucios

El pleno del CGPJ aprobó ayer su informe sobre esta norma, elaborado por la vocal Margarita Uría, que había recibido ya el visto bueno de la Comisión de Estudios, según explicaron fuentes del órgano de gobierno de los jueces.

El CGPJ debe pronunciarse sobre los anteproyectos y disposiciones que afecten a derechos fundamentales o al funcionamiento de los juzgados y tribunales, aunque su opinión no es vinculante.

En este caso, el informe se refiere al anteproyecto de Ley de Medidas de Fomento del Alquiler de Vivienda y la Eficiencia Energética en los Edificios, aprobado por el Consejo de Ministros el 14 de agosto. Esta norma modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos y la Ley de Propiedad Horizontal, así como diversos preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El informe señala que el propósito de la norma "«potenciar el mercado de los arrendamientos urbanos»" es «una opción legislativa legítima» que se inserta en una política de vivienda «orientada a cumplir el mandado constitucional consagrado en el artículo 47», es decir, «el reconocimiento del derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada». Uno de los preceptos modificados por el anteproyecto es el apartado 3 del artículo 9 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que amplía los supuestos para no prorrogar un contrato de arrendamiento.

Si hasta ahora el arrendador podía negarse a prorrogar el contrato durante cinco años sólo cuando necesitara la vivienda para su propio uso, la nueva norma establece que también podrá hacerlo si lo necesitan «sus familiares en primer grado de consanguinidad».

El informe del CGPJ considera que el anteproyecto aborda esta cuestión con «absoluta prudencia y en términos que resultan plenamente aceptables».
Además, destaca que el anteproyecto incluye «cautelas jurídicas dirigidas a evitar su utilización fraudulenta».