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El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó ayer, por diez votos a favor y seis en contra, la condena de 2.700 euros de multa que el Juzgado Central impuso en julio pasado a los dos jóvenes independentistas catalanes Jaume Roura y Enric Stern por quemar fotografías de los Reyes en una manifestación celebrada en Girona en septiembre de 2007.

Diez de los magistrados rechazaron el recurso de apelación presentado por la defensa, al considerar que los hechos constituyen un delito de injurias a la Corona, mientras que otros seis consideraron que los amparaba la libertad de expresión.

La decisión del Pleno contrasta con la que el pasado 29 de octubre adoptó el titular del Juzgado Central de lo Penal, José María Vázquez Honrubia, que absolvió a otros 16 acusados de quemar fotografías de los Reyes después de que el fiscal rebajara su petición de pena a una falta de desórdenes públicos. El juez argumentó que el delito de injurias «o es delito o no es nada», mientras que la Fiscalía defendió que los dos casos son distintos porque en el primero hubo ánimo de injuriar y en el segundo, convocado en solidaridad con Roura y Stern, éste no existió.

Según fuentes jurídicas, la mayoría de la Sala de lo Penal defendió ayer que el caso de Roura y Stern constituye un delito de injurias a la Corona, por lo que considera ajustada la condena de 15 meses de prisión sustituibles por sendas multas de 2.700 euros que les impuso el juez central de Vigilancia Penitenciaria, José María de Castro. El presidente de la Sección Tercera, Alfonso Guevara, autor de la ponencia que fue debatida por el Pleno, defendió la absolución de los condenados y anunció la presentación de un voto particular.

Al quedar en minoría este magistrado, la redacción de la sentencia será asumida por el presidente de la Sala de lo Penal y de la Sección Tercera, Javier Gómez Bermúdez. Guevara y los cinco magistrados que respaldaron su postura defienden que su conducta está amparada por la libertad de expresión. Varios miembros de la Sala de lo Penal aseguraron que durante el Pleno se alcanzó un acuerdo para no revelar la identidad de los cinco magistrados que apoyaron la tesis de Guevara ni detallar los argumentos de ambas partes.