La Fiscalía logró ayer que la Audiencia Nacional paralice la exhumación de los restos de los desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo ordenada por el juez Baltasar Garzón, hasta que decida si el magistrado es o no competente para investigar los hechos.
La decisión de la Sala de lo Penal no ha sido unánime, ya que cinco de los quince magistrados que han participado en el pleno se han mostrado a favor de rechazar la petición del fiscal y emitirán un voto particular discrepante.
Tras deliberar durante dos horas, la Sala requirió a Garzón para que paralice «todas las actuaciones acordadas en el sumario 53/08 -abierto tras admitir a trámite las denuncias de las asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica- a excepción de las que, de no realizarse ya, causen un perjuicio irreparable e irreversible al fin de la investigación».
Y por si el juez entendiera que la apertura de fosas es imprescindible en este momento, el tribunal añade: «En particular, requerirle para que se paralicen las actividades tendentes a la exhumación de cadáveres en tanto no se resuelva por esta sala de lo Penal la cuestión de incompetencia planteada por el Ministerio Fiscal».
Además, la sala ha decidido estimar la petición de la Fiscalía sin consultar al resto de las partes personadas en la causa -las asociaciones denunciantes-.
En definitiva, el tribunal ha considerado que las exhumaciones «no son ni urgentes ni necesarias», según han informado fuentes jurídicas, que han añadido que se ha actuado así porque si finalmente se decide que Garzón no es competente para investigar los hechos todas las actuaciones practicadas en la causa serían declaradas nulas.
En su petición, la Fiscalía había alegado, en este mismo sentido, que las diligencias ordenadas por Garzón podían causar «perjuicios irreversibles de difícil reparación» si la Audiencia Nacional decide que no es competente.
La presidenta de la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica de Mallorca, Maria Antònia Oliver, se mostró ayer muy decepcionada por la decisión de la Audiencia Nacional. Aun así, aseguró que «lo más probable es que este acuerdo sea una medida temporal y finalmente se abran las fosas».
Sin embargo, Oliver sostiene que «si el Estado español no hace nada para parar el sufrimiento de los familiares, es decir, que no deje abrir las tumbas, la asociación recurrirá a los tribunales europeos.
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