El Gobierno, con la aprobación ayer del anteproyecto de reforma del Código Penal, abre el camino a la modificación penal más ambiciosa desde la acometida en 1995, con el principal objetivo de no dejar «resquicios a la impunidad», en palabras de la vicepresidenta Férnandez de la Vega.
Medidas como la libertad vigilada de hasta 20 años para violadores, pederastas y terroristas reincidentes, o la no prescripción de los delitos de terrorismo lanzan ese mensaje claro a los violentos, según ha dicho De la Vega tras el Consejo de Ministros.
El portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, celebró el principio de acuerdo sobre la reforma del Código Penal pactado con el Gobierno y dijo confiar en que el texto final pueda reunir el máximo de los consensos en el Parlamento.
El ministro de Justicia, Fernández Bermejo, se mostró convencido de que las medidas introducidas en la reforma, como la libertad vigilada, pasarán «el filtro constitucional».
En este sentido, el titular de Justicia destacó la novedad que supone que con el nuevo Código Penal las personas jurídicas podrán responder penalmente, rompiendo así «viejos dogmas del derecho penal» según los cuales sólo las personas físicas delinquen.
Otro aspecto de la reforma es la tipificación del delito de trata de seres humanos y se crea un nuevo delito de piratería, castigado con penas de entre 10 y 15 años de prisión, dentro del título dedicado a los delitos contra la Comunidad Internacional.
También se regula por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas o la consideración de conductas punibles en el ámbito informático y en los delitos de torturas y contra la integridad moral, se introduce la conducta de acoso laboral, es decir, el acoso psicológico u hostil en el marco de cualquier actividad laboral que humille al que los sufre.
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