El Supremo dice que EpC es compatible con la libertad ideológica y religiosa

Según este tribunal, esta asignatura tampoco vulnera el derecho constitucional que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

El Supremo ha hecho públicas cuatro sentencias en las que ratifica que no existe el derecho a la objeción de conciencia en el caso de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y que ésta no lesiona el derecho fundamental de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo a sus convicciones.

El Tribunal, tras constatar que la actividad del Estado en materia de Educación es «obligada», señala que esa intervención tiene como objetivo asegurar la transmisión del conocimiento del entramado institucional del Estado, además de ofrecer una instrucción o información sobre los valores necesarios para el buen funcionamiento del sistema democrático.

Señala además el alto tribunal que ese cometido estatal, debido a la fuerte vinculación que existe entre la democracia y la educación, está referido a todo tipo de enseñanza, tanto a la enseñanza pública como a la privada. La actividad educativa del Estado "agregan las sentencias", cuando se refiere a valores éticos comunes, comprende la difusión y la transmisión de éstos, y reconoce que también es lícito fomentar sentimientos y actitudes que favorezcan su vivencia práctica.

Los fallos resuelven cuatro recursos de casación, tres sobre sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y una del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Por su parte, las asociaciones defensoras de la objeción de conciencia han considerado que el Supremo prohíbe el adoctrinamiento y ratifican el derecho de los padres a educar moralmente a sus hijos.

Así, las asociaciones advierten que recurrirán para presentar recursos contra los libros de texto que «de una manera muy clara» abusan de esta asignatura, imponiendo a los alumnos puntos de vista morales que exceden por completo de los limites tolerables desde el punto de vista constitucional».