El dictamen de la comisión sobre el espionaje en Madrid exculpa al gobierno de Aguirre

El dictamen del PP, de 62 páginas, ha sido aprobado por 67 votos a favor y 53 en contra, en una sesión en la que la oposición ha vuelto a criticar el cierre anticipado de la comisión y el PSOE ha confirmado que pedirá amparo al Tribunal Constitucional.

La principal conclusión del dictamen aprobado es que el Gobierno de la Comunidad de Madrid «ni ha ordenado, ni ha amparado, ni ha conocido ningún tipo de seguimiento o espionaje a cargos públicos o a cualquier persona».

También considera que la Comisión de investigación «no tiene elementos de juicio para determinar el origen de las informaciones aparecidas en el diario El País» y «confía en el total esclarecimiento de los hechos a través de las actuaciones judiciales en curso».

El PSOE, en cambio, ha presentado un informe, de 78 folios, que concluye que la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, es la «máxima responsable política del asunto» y considera «responsable directo» al consejero Granados, por lo que exige su «cese inmediato».

Los socialistas se basan en las informaciones de El País y en las declaraciones de las víctimas de espionaje para dar por «acreditada la existencia de una o varias tramas de espionaje vinculadas o relacionadas con cargos políticos, de confianza o empleados públicos de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior».

También IU ha concluido que «ha habido espionaje» y que una «actuación de este calado no se circunscribe al ámbito de una Consejería y no puede hacerse sin el respaldo de la máxima autoridad del Gobierno regional, la señora Aguirre, que por acción u omisión tiene responsabilidad en todos los hechos que afectan al Gobierno regional».