El Gobierno lleva la 'guerra de Caja Madrid' al Constitucional

Según explicaron fuentes jurídicas, aunque la propia impugnación por parte del Estado de una ley autonómica podría provocar la suspensión cautelar de la misma durante cinco meses, se esperará a que el Tribunal Constitucional decida si admite a trámite el recurso.

En caso de que así lo hiciera, quedaría por aclarar cómo podría continuar el proceso electoral de Caja Madrid, que debería culminar en septiembre con la renovación de todos los órganos de gobierno de la entidad, incluida la presidencia, que actualmente ocupa Miguel Blesa. El recurso, que presentará el abogado del Estado dos días antes de que termine el plazo para recurrir la ley, sorprendió al Partido Popular de Madrid, que defiende la legalidad de la normativa y recuerda que contó con el apoyo del grupo socialista en la Asamblea de Madrid para su aprobación.

Aún así, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, recordó que será el Tribunal el que decida sobre la inconstitucionalidad o no de la ley, algo que las partes tendrán que acatar.

La ley, promovida por el Ejecutivo de Esperanza Aguirre, entró en vigor el 1 de enero de este año y dividió a los órganos de gobierno de Caja Madrid entre partidarios de su aplicación en estas elecciones y una mayoría contraria a ello.

Dicha norma establece que la representación de los distintos grupos está en función de la cifra de depósitos entre las diferentes comunidades autónomas en que tengan abiertas oficinas, dentro del porcentaje atribuido a cada uno de ellos.

Según el recurso que interpondrá el Gobierno, la Ley de Cajas aprobada por la Comunidad de Madrid contempla la creación de dos circunscripciones electorales -una para los municipios de la Comunidad y otra para los del resto de las comunidades en los que Caja Madrid tenga oficinas abiertas-.

Es la existencia de estas dos circunscripciones electorales la que puede, según el Gobierno, alterar la proporción que exige la Ley de Organos Rectores de Cajas de Ahorros.