EfeMadrid08/05/09 0:00
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El juez instructor del «caso Gürtel», Antonio Pedreira, imputó ayer los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad al ex consejero de Deportes de Madrid Alberto López Viejo y le ha impuesto una fianza de 750.000 euros. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), imputa también a López Viejo -que se ha negado a declarar hasta que se levante el secreto del sumario en la causa- la participación en una trama delictiva y ha establecido la fianza a petición de la Fiscalía Anticorrupción para asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias del ex consejero del Gobierno regional.

Según las investigaciones sobre la supuesta trama de corrupción ligada a cargos del PP desarrolladas por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón antes de inhibirse en favor del TSJM, López Viejo -que mantiene su acta de diputado en la Asamblea de Madrid- recibió un total de 563.000 euros de la organización presuntamente liderada por Francisco Correa.

Adjudicación directa
El papel del ex consejero del Gobierno madrileño en la trama consistía, según los autos dictados por Garzón, en la adjudicación directa de contratos a las sociedades de Correa a cambio de dinero. Para que otras empresas no pudieran optar a esos contratos y «disimular» el «favorecimiento» a la trama dirigida por Correa, López Viejo recurría a «no facturar por cantidades superiores a 2.000.000 pesetas (12.000 euros) para que la concesión del evento no saliera a concurso público».

El juez añadía que el ex consejero de Deportes sería la persona «que daba las instrucciones para que se facturara adecuadamente a fin de ocultar las irregularidades en cada acto, distribución que siempre se hacía sin pasar de los 12.000 euros». Garzón también relataba que una de las empresas de Correa (Servimadrid Integral) trabajaba con la Comunidad de Madrid, concretamente con las Consejerías de Cultura, Deportes y Educación, Mujer, Presidencia y otras con las que hacían eventos sueltos.

Además, sostenía que el «número dos» de la organización de Correa, Pablo Crespo, se había reunido en diferentes ocasiones con López Viejo para darle sobres con dinero. En el auto en el que el TSJM aceptó hacerse cargo del caso, este tribunal señalaba la existencia de indicios de delito respecto del ex consejero basados en «declaraciones de alguno de los imputados (que) apuntan a la intervención de López Viejo, aprovechando sus cargos públicos anteriores (viceconsejero de Presidencia), para favorecer a alguna de esas empresas».