Estados Unidos ha pedido a España que acoja a cuatro presos del penal de Guantánamo (Cuba), una propuesta que el Gobierno se ha comprometido a estudiar con detalle para comprobar que se respeta tanto el derecho internacional como la legalidad española y que se cumplen todas las garantías de seguridad.
El enviado especial de Estados Unidos para el cierre de Guantánamo, Daniel Fried, ha sido el encargado de trasladar esta petición a los representantes de los ministerios de Exteriores, de Interior y de Justicia con los que se reunió ayer en Madrid, aunque el Ejecutivo no descarta que en el futuro Washington pida a España que se haga cargo de más presos.
José Luis Rodríguez Zapatero, entrevistado en Cuatro, ha señalado que todavía no está decidido a cuántos presos recibirá España, porque se necesita un estudio jurídico previo de cada caso, pero ha avanzado que será «un número reducido».
El compromiso alcanzado por la UE es que los países europeos dispuestos a ello acojan a alrededor de medio centenar de prisioneros liberados por Estados Unidos por carecer de pruebas de su implicación en actividades terroristas, por lo que pueden quedar en libertad.
El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, no ha dado pistas sobre la nacionalidad de los cuatro prisioneros ni sobre las condiciones en las que fueron detenidos, por tratarse de un asunto «sensible».
Sí ha querido dejar claro que su acogida no supondrá «ningún peligro» para la ciudadanía, ya que, aunque queden en libertad, permanecerán bajo un mecanismo de «vigilancia y observación».
Su régimen sería «bastante similar» al que se aplicó a los tres palestinos que España acogió en 2002 del grupo que fue desalojado de la Basílica de la Natividad de Belén, en la que se habían refugiado, y que fueron expulsados por Israel como terroristas.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, insistió ayer que España está dispuesta a colaborar con el desmantelamiento de Guantánamo en la medida de sus posibilidades.
La tesis del Gobierno español es que los presos que vengan a España no han de tener cargos judiciales y deben, por tanto, quedar en libertad, aunque bajo un sistema de vigilancia.
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