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El Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid ha admitido a trámite la denuncia presentada por el PP de la Comunidad Valenciana, en la que pide que se investiguen las filtraciones a los medios de comunicación de conversaciones de varios imputados en el 'caso Gürtel'. El portavoz 'popular' en las Cortes Valencianas Ricardo Costa reclamó a la Fiscalía General que actúe con «la misma contundencia» que este juzgado para investigar los hechos y advirtió de que seguirán estudiando acciones legales para proteger los derechos del PP.

Durante su visita a la plaza de toros de Valencia, donde el PP valenciano comenzó su curso político, el portavoz 'popular' en el Parlamento de la Comunitat, Ricardo Costa, anunció que un juzgado de Madrid ha admitido a trámite la denuncia presentada por su formación, que ha abierto diligencias previas y ha pedido a la Fiscalía General del Estado que informe sobre este asunto. El PP reclama que se investiguen las filtraciones a medios de comunicación de las conversaciones de algunos imputados en la trama de corrupción liderada por el empresario Francisco Correa, conocida como 'caso Gürtel'.

«Un juez en España, por primera vez ante una denuncia del PP en estos meses, ha aceptado investigar quién es el responsable de la filtración de grabaciones que están sometidas a secreto de sumario», aseguró el secretario general del PP, que hizo referencia así a la publicación de una conversación de Alvaro Pérez 'El Bigotes', gerente de Orange Market, en la que afirmaba que había regalado a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, bolsos de una exclusiva marca.

En su opinión, es «un paso muy importante», ya que el PP «lleva meses diciendo que se está cometiendo un delito», consistente en «utilizar información recogida en sumarios protegidos con secreto, filtrarlos de forma sesgada, parcial e intencionada y organizada a un medio de comunicación, con el único fin de atacar a dirigentes del PP y la imagen y solvencia de las personas y de todo el PP».

De este modo, calificó de «importante» que el juzgado «haya detectado que puede haber delito de documentos y en la revelación de secretos; que un juez decida investigar un delito recogido en el artículo 417 del Código Penal, que contempla penas de dos a cuatro años de cárcel; que se identifique a los responsables en la Fiscalía General del Estado o en la Policía, en la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales, que son los responsables de salvaguardar esa información secreta sometida a secreto de sumario».