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EFE/OTR-MADRID/ROMA El ministro de Justicia español, Francisco Caamaño, aseguró ayer en Roma que España «como país» no ha pagado por el rescate del atunero Alakrana, liberado el pasado martes tras 47 días secuestrado por piratas frente a las costas de Somalia. «Yo sólo puedo sostener que España como país no lo ha hecho. Y es lo que puedo, sin duda, afirmar y me consta», dijo el ministro español en un encuentro con periodistas tras un seminario sobre Justicia en Roma, en referencia al pago de un posible rescate por el barco, secuestrado el pasado 2 de octubre.

«Que se hayan encontrado soluciones en el ámbito internacional para una situación compleja, difícil, creo que eso lo comprendemos todos, y también lo pueden comprender quienes tienen que interpretar la ley y el derecho en cada momento», agregó. Con respecto a la investigación de la Justicia española sobre el asunto, Caamaño apuntó que el Ejecutivo ha actuado «con la ley en la mano» y que, si se trabaja de este modo, le parece «perfecto» que la Fiscalía investigue «si ha habido incumplimientos de la ley y se ha vulnerado la legalidad, y que, por tanto, se responda con el Código Penal, si se ha cometido algún tipo de delito».

Prudencia
Caamaño incidió en que el Gobierno de España, presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, seguirá trabajando «con esfuerzo, discreción y prudencia» en situaciones como la del Alakrana y recordó que esta zona sigue siendo conflictiva.

El político español se refirió además a las críticas por parte de la oposición española sobre la actuación del Ejecutivo durante el secuestro del atunero, integrado por 36 tripulantes.

Por otra parte, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz abrió ayer una pieza separada para investigar a los bufetes de abogados de Londres (Reino Unido), así como de otros países europeos que supuestamente actuaron como intermediarios en el secuestro del atunero Alakrana.

De esta manera, Pedraz accede a la solicitud del fiscal Jesús Alonso, que le pidió ayer que abra una pieza «separada y secreta» para esclarecer «toda la trama jurídico-financiera vinculada con los secuestradores, a los comisionistas intervinientes en la liberación, así como a los bufetes de abogados de Londres y otros países europeos».