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La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado un auto en el que obliga a un juzgado madrileño a admitir a trámite la querella interpuesta por el Sindicato Profesional de la Policía (SPP) contra el ex director general de la policía y de la Guardia Civil, Joan Mesquida, por posible prevaricación.

En concreto, el SPP explica que Mesquida no respetó la jurisprudencia del Tribunal Supremo que declaró nula una resolución de la Dirección General de la Policía de abril de 1995 relativa a la promoción en el cuerpo, y consideró que se debía reconocer la preferencia de los candidatos procedentes de promoción interna sobre los de oposición libre.

Pese a ello, la Dirección General de la Policía volvió a convocar en abril de 2008 un concurso de méritos para el ascenso a la categoría de inspector, al que podían optar funcionarios de nuevo ingreso y los ascendidos por promoción interna, lo que -según argumenta la querella del SPP- es contrario a lo establecido por el TS. El auto de la Audiencia Provincial de Madrid asegura que «la hipótesis de la parte querellante es asumible», por lo que estima el recurso del SPP y revoca la decisión del Juzgado de Instrucción número 47, al que ordena admitir a trámite la querella y practicar las diligencias de prueba solicitadas por los denunciantes.

El secretario de Estado de Turismo, Joan Mesquida, mostró ayer su sorpresa por el anuncio de la querella. «No es una resolución de contenido económico, sino generalista proveniente de una convocatoria general de provisión de puestos de trabajo. Yo me limité a seguir el procedimiento habitual, por lo que firmé dicha provisión, la cual ha sido recurrida por un sindicato», afirmaba ayer desde Madrid.

Mesquida indicó que el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, le había tranquilizado sobre este punto. «Yo no tenía ni idea de este proceso, lo cual me sorprende la forma en que se ha dado a conocer. Además, mi sustituto en mi anterior cargo también cuenta con varias querellas similares también por el mismo motivo, lo cual da a entender que se trata de un simple trámite administrativo, que está siendo recurrido, una y otra vez, por los sindicatos».