Los obispos aseguran no entender que el aborto «no pueda ser delito»

Monseñor Juan Antonio Martínez Camino ha manifestado que no entiende cómo el aborto «no puede ser delito» y ha afirmado que se trata de un acto que «nunca puede ser admitido moralmente». «No se entiende que quitar la vida a un ser humano inocente no puede ser delito», ha señalado el también portavoz del Episcopado durante la presentación del documento 'Declaración ante la crisis moral y económica'.

Para Martínez Camino, el aborto, que ha calificado de «gravísimo pecado», «no puede ser aceptado legalmente» y ha criticado que pretenda ser considerado como un derecho. En todo caso, ha afirmado que existen pecados que no son delito. El aborto, según ha dicho, tiene «gravísimas consecuencias sociales y económicas», además de que un pueblo que «asiste con asentimiento social a quitar la vida a sus hijos es un pueblo que no está preparado para la solidaridad fraterna».

Ante las declaraciones sobre los políticos católicos que apoyen la ley, a los que los obispo recuerdan que no pueden comulgar, Martínez Camino ha indicado que «la doctrina no es contra nadie, ni un partido o persona». «En todos los casos en que un político defienda una ley que no protege a los no nacidos, la Iglesia siempre dice lo mismo», ha añadido.

Por otra parte, la Conferencia Episcopal Española (CEE), ha achacado la crisis económica a «la pérdida de valores», y ha señalado que las políticas antinatalistas tendrán repercusiones económicas en las futuras generaciones en su 'Declaración ante la crisis moral y económica', presentada el viernes en Madrid y aprobada en el transcurso de la última Asamblea Plenaria celebrada hace unos días.

Los mitrados españoles citan «la falta de honradez, la codicia -raíz de todos los males- y la carencia de control de las estructuras financieras, potenciada por la economía globalizada» como causas de la crisis y enumeran entre las víctimas principales a las familias, sobre todo las numerosas, los jóvenes, los desempleados, los pequeños y medianos empresarios, los agricultores y ganaderos y los inmigrantes. Ante la crisis, piden solidaridad con los más afectados, porque «la pobreza y el desempleo degradan la dignidad del ser humano» y aprovechan para criticar las «políticas antinatalistas» del Gobierno, que consideran «perniciosas» desde el punto de vista económico para las futuras generaciones de españoles.

En esta declaración -dividida en cuatro apartados ('Causas y víctimas de la crisis', 'No hay verdadero desarrollo sin Dios', 'Estamos llamados a tomar decisiones y a aliviar la miseria' y 'Nuestro compromiso permanente como Iglesia') y nueve puntos a lo largo de una veintena de páginas- los prelados señalan que la crisis económica debe ser una ocasión de «discernimiento y de actuación esperanzada» para cada ser humano, para los responsables públicos y para las instituciones que pueden contribuir a una salida de ella. Pero, sobre todo, «debería ayudarnos a poner en Dios la referencia verificadora de actitudes y comportamientos».

ULTIMA ENCICLICA PAPAL

«Es urgente un discernimiento sobre las decisiones de gasto tanto de los poderes públicos como de las familias y de cada uno en particular», señala la CEE en esta última ponencia sobre la crisis económica, a la luz de la Encíclica del Papa Benedicto XVI 'Caritas in Veritate'. A lo largo de este trabajo, critican dos de las leyes del Gobierno: la recién aprobada Ley de Extranjería y la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, en trámite parlamentario.

A su entender, la primera norma «restringe derechos que afectan decisivamente a la dignidad (de los inmigrantes) como personas» y ante la segunda -que no citan directamente-, opinan que la aspiración ha de ser la de «lograr un desarrollo integral» que «requiere una renovación ética de la vida social y económica que tenga en cuenta el 'derecho a la vida'».

El desarrollo, según constatan en el texto, «es imposible sin hombres rectos, sin operadores económicos y hombres políticos que vivan fuertemente en su conciencia la llamada al bien común». En este sentido, apuntan a «un mayor compromiso en el mundo de la educación y en la vida pública, para erradicar en todo momento la corrupción, la ilegalidad y la sed de poder».

El objetivo de la Iglesia española al publicar esta declaración es «transmitir una palabra de aliento y de esperanza» y, a la vez, animar a los cristianos y a todos los hombres «a discernir el momento presente y a comprometerse con generosidad y solidaridad». Se trata, constatan, de una reflexión en el marco de su misión pastoral, un «juicio moral» para «encontrar el camino adecuado para su solución», por lo que no plantean «soluciones técnicas».

En el primer apartado, los obispos, conscientes de «la gravedad de la situación», achacan la crisis a «causas que tienen su origen en la pérdida de valores morales, la falta de honradez, la codicia, que es raíz de todos los males, y la carencia de control de las estructuras financieras, potenciada por la economía globalizada». Esta situación repercute más, según señalan a renglón seguido, en los más débiles, con especial incidencia en los países en vías de desarrollo y en las familias, sobre todo en las familias numerosas y en los jóvenes.

También se refieren a los desempleados, «hasta el punto de que hay muchos hogares que tienen a todos sus miembros activos en desempleo, que no reciben ingresos ni del trabajo ni de las prestaciones sociales"; a los pequeños y medianos empresarios, a los agricultores y ganaderos y finalmente a los inmigrantes.

«El desarrollo es imposible sin hombres rectos, sin operadores económicos y hombres políticos que vivan fuertemente en su conciencia la llamada al bien común», aseveran los obispos en la segunda parte de la ponencia.

En el tercer apartado de la 'Declaración ante la crisis moral y económica', los obispos advierten que es «imprescindible un profundo sentimiento de solidaridad con todos los que sufren». «Hay problemas derivados de esta crisis que están exigiendo una respuesta inmediata», afirman. A su entender, una de las preocupaciones más graves tiene que ver con la ocupación y el empleo» y en esta cuestión «no son fáciles ni de aplicación inmediata soluciones que sean verdaderamente eficaces», pero «la pobreza y el desempleo degradan la dignidad del ser humano» y por ello es necesario impulsar un nuevo dinamismo laboral en favor de un «trabajo decente». También piden los prelados un «trato humano y solidario» con los emigrantes.

La cuarta parte del trabajo se abre con «la aspiración a lograr un desarrollo integral», que, afirman los obispos, «requiere una renovación ética de la vida social y económica que tenga en cuenta el 'derecho a la vida', en clara contraposición con el 'derecho al aborto' que se plantea en la nueva ley que se halla en la Cámara Baja.