El Gobierno garantizó ayer que no ha hecho concesiones a Marruecos para que aceptara anoche el regreso de la activista saharaui Aminatu Haidar y atribuyó la resolución de este conflicto a las intensas gestiones diplomáticas realizadas, pero la oposición no ha tardado en pedirle explicaciones. Además de regresar a casa, Haidar ha conseguido reavivar el debate sobre el conflicto saharaui.
El jefe del Ejecutivo español, José Luis Rodríguez Zapatero, garantizó ayer que el Gobierno no ha engañado «en ningún momento» sobre el 'caso Haidar', consideró «radicalmente absurdo y ridículo» pensarlo y defendió la actuación de su ministro de Exteriores. En rueda de prensa en Copenhague, Zapatero respondió así a las críticas recibidas desde el PP después de que el jefe de la diplomacia española, Miguel Àngel Moratinos, dijera también el jueves en el Congreso que el Gobierno marroquí le informó de la expulsión de Haidar antes de que ésta saliera de Marruecos.
Responsabilidad
Para Zapatero, de la comparecencia que tuvo lugar ayer en el Congreso se desprende que Moratinos «ha trabajado con responsabilidad» y que España cuenta con un ministro «que siempre que le preguntan dice la verdad». «Ha actuado en todo momento con gran sentido de la responsabilidad y con gran sentido de la sinceridad», recalcó.
En cuanto a las concesiones, tanto el PP como IU consideran que sí ha habido cesiones a Marruecos y citan en concreto el último párrafo del comunicado que difundió en la noche del jueves el Gobierno que decía que «mientras se resuelve el contencioso, en conformidad con la posición de la ONU, España constata que la Ley marroquí se aplica en el territorio del Sáhara Occidental».
Fuentes del Ejecutivo han admitido que el comunicado se consensuó con Francia, clave en la resolución del conflicto, y con las autoridades marroquíes, pero han garantizado que con ese párrafo España no reconoce nada nuevo y se limita a «constatar» una situación ya recogida en resoluciones internacionales. Tras la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega subrayó que la posición española ante el conflicto del Sáhara Occidental es «la de siempre: buscar un acuerdo justo para las partes «que lleve consigo la libre autodeterminación del pueblo saharaui en el marco de las resoluciones de la ONU».
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