Según explicó Caamaño en Toledo tras reunirse con los ministros de Justicia de la Unión Europea, la propuesta de España consiste en articular un instrumento «de reconocimiento mutuo». El objetivo es que las medidas de protección dictadas por un juez puedan ser aplicadas en cualquier país de la Unión Europea «con algunas modificaciones», adaptándolas a la legislación del estado.
En la reunión también participó el vicepresidente de la Comisión Europea, Jaques Barrot, quien reconoció que mejorar la protección de las víctimas es una prioridad de la Presidencia española y señaló que es posible introducir «alguna mejora».
Sucesiones y divorcios
Además de este asunto, el encuentro de ministros abordó los temas relacionados con la justicia que protagonizarán la agenda de la Unión Europea durante los próximos meses y concluyó que en este primer semestre de 2010 será posible finalizar un documento sobre las sucesiones.
Según explicó Barrot, esta medida es necesaria ante el aumento de personas que residen en un país de la Unión Europea distinto del que son originarios y fallecen en él. La nueva articulación permitirá a la persona elegir la legislación relativa a sucesiones del país que quiere que se aplique en caso de fallecimiento. «Si una persona antes de morir no ha decidido, es evidente que se aplicará la norma de su último domicilio», aclaró el vicepresidente de la Comisión. La reunión también abordó la redacción de futuras normas de separación y divorcio, así como del régimen de visitas a los hijos y el régimen económico del matrimonio y sus consecuencias. Sin embargo, este asunto no será aprobado definitivamente hasta el segundo semestre del año, cuando la Unión Europea esté presidida por Bégica.
Y ya en 2011, los países miembros abordarán la posibilidad de eliminar el 'exequatur', utilizado para la convalidación de las resoluciones judiciales dictadas en otros países, ya que constituye un trámite «que dificulta y encarece los procesos judiciales», según apuntó Caamaño. Sin embargo, para ello habrá que establecer un sistema de garantías de los derechos de todos los ciudadanos.
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