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La decisión del Ministerio de Economía de disolver la aseguradora Mercurio, del grupo Marsans, propiedad del presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Gerardo Díaz Ferrán, y del empresario Gonzalo Pascual, generó ayer tensión.
El Gobierno y parte del empresariado se expresado sus dudas sobre la idoneidad de que el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, siga al frente de la organización.
La ministra española de Economía y Hacienda, Elena Salgado, aseguró ayer que el Gobierno reconoce la legitimidad de Díaz Ferrán como presidente de la patronal CEOE. «El señor Díaz Ferrán está elegido por los empresarios y mientras sea el representante de los empresarios, nosotros lo reconocemos como tal», manifestó Salgado.
Representativo
La ministra fue interrogada a continuación si el Gobierno considera a Díaz Ferrán «representativo» del empresariado. «Representativo no lo sé; es a quien han elegido los empresarios», respondió.
Algunos empresarios manifestaron su rechazo a que Díaz Ferrán represente al sector, aunque prefirieron guardar el anonimato. Más diplomático fue el presidente del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), Simón Pedro Barceló, quien señaló si él tuviera empresas que están en la misma situación que las del presidente de la patronal no podría estar al frente del Instituto, ya que sus normas internas lo impedirían.
Mientras, Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual, copropietarios de Marsans, lograron firmar ayer un crédito de 30 millones con sus entidades acreedoras que permitirá salvar al grupo turístico que atraviesa por graves dificultades de liquidez.