Garzón apela al Supremo contra la decisión de Varela de rechazar pruebas de su defensa

En el escrito, el abogado Gonzalo Martínez-Fresneda, recurre en apelación el auto del pasado martes en el que Varela desestimaba un recurso previo de Garzón contra el rechazo de las pruebas de su defensa. Ese mismo día, Varela dictó también auto de apertura de juicio oral, que no es recurrible, y dio por finalizada la instrucción de esta causa sin esperar a que el Supremo se pronunciara al respecto. Considera así el abogado que con esta decisión de Varela se vulneran «las normas esenciales del procedimiento» y se «lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva» de Garzón.

«Ahora, con un auto de apertura de juicio oral encima de nosotros, y quien sabe si ya con el magistrado suspendido de funciones, tenemos que ir a una apelación que, en buena medida, queda ya fuera de lugar», lamenta el abogado. No obstante, insiste de nuevo en la importancia de que se practiquen las pruebas solicitadas por Garzón.

Declaraciones para la defensa de Garzón

El abogado pide a la Sala que se permita la declaración testifical de los magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, Clara Bayarri y Ramón Sáez Valcárcel, el ex fiscal del Supremo Carlos Jiménez Villarejo y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza.

También solicita que declaren personalidades internacionales como la ex fiscal del Tribunal Penal Internacional de la ONU Carla del Ponte; el ministro de la Corte Suprema de Justicia de Argentina Eugenio Raúl Zaffaroni, uno de los jueces que redactó la sentencia de 2005 que declaró la nulidad de la Ley de Punto Final y Obediencia Debida del país sudamericano, y el que fuera juez de instrucción en Santiago de Chile cuando se abrieron varias causas contra la dictadura de Augusto Pinochet, Juan Guzmán Tapia.

Completan esta lista el coordinador del Programa de Justicia Internacional de Amnistía Internacional, Hugo Relva; el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Girona Hernán Hormázabal Malarée; el magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Sergio García Ramírez, y el presidente de la Cámara Federal de Buenos Aires y autor de resoluciones referidas a la inaplicabilidad de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, Eduardo Freiler.

Pruebas documentales

Además, Garzón vuelve a solicitar la práctica de una serie de pruebas documentales, también destinadas a demostrar su tesis de que la actitud de Garzón de abrir diligencias para investigar la denuncia efectuada por las Asociaciones de Memoria Histórica «no puede ser tenida por absolutamente irrazonable».

En concreto, se insta a que se aporten a la causa las cuestiones de competencia presentadas por al menos dos juzgados de instrucción, que rechazaron la inhibición planteada por la Audiencia Nacional y que en estos momentos se están tramitando en el Tribunal Supremo.

También interesa que se unan certificaciones de todas las causas penales que se hayan dirigido contra antiguos miembros de las S.S. o del Ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial, o contra responsables del Ejército, Policía o miembros de la Administración de Argentina, Chile o terceros países que tuvieran por título de imputación las desapariciones forzadas de personas, asesinatos o torturas.

Testimonios en el Congreso

Además, Garzón pide que se remita un oficio al Congreso de los Diputados para que se entregue testimonio del Diario de Sesiones de 14 de diciembre de 2006, para mostrar que «tampoco existe contradicción ni incompatibilidad entre la Ley de Memoria Histórica y el Código Penal para los autores de esa ley».

El abogado de Garzón se refiere a una intervención de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la Cámara Baja con ocasión del debate de la Ley de Memoria Histórica, en la que «dejaba claro» que este texto y el Código Penal tienen cada uno «su campo de acción».

Traslado a la Corte Penal Internacional

Por otro lado, el Ministerio de Exteriores ha remitido ya al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el informe que este órgano le había solicitado sobre el posible traslado a la Corte Penal Internacional (CPI) del juez Baltasar Garzón, al que da su visto bueno, han informado fuentes de este departamento.

En dicho informe, Exteriores contesta afirmativamente a la solicitud de traslado formulada por Garzón, ya que apoya todas las medidas destinadas a mejorar los recursos humanos y materiales del tribunal internacional de La Haya.

Este informe es uno de los que ha solicitado el CGPJ antes de pronunciarse sobre la petición del juez de la Audiencia Nacional de trasladarse en situación de servicios especiales durante siete meses a la CPI como «consultor externo».

Además, el órgano de gobierno de los jueces también ha pedido informes a la Inspección del Consejo, al Servicio de Personal y a la Fiscalía de la CPI, para que se pronuncien sobre la idoneidad del traslado de Garzón.

El CGPJ ha convocado para mañana un pleno extraordinario para decidir si suspende cautelarmente en sus funciones al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, después de que el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Luciano Varela acordara ayer la apertura de juicio oral contra Garzón por la investigación de los crímenes del franquismo.