El ex asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca, escuchando la sentencia que hizo pública el tribunal de la Audiencia Nacional en enero del año pasado. | Efe

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La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 30 años de prisión para Juan Antonio Roca, el presunto cerebro del caso «Malaya», la operación contra la mayor trama de corrupción conocida en un ayuntamiento en la historia de España, llevada a cabo en Marbella, y que dio lugar a la disolución del consistorio.

El escrito de acusación, que consta de 585 folios y al que ha tenido acceso Efe, ha sido presentado hoy ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga.

El fiscal mantiene que Roca es el jefe de la organización y destaca la posición de «dominio» que ejerció sobre la Corporación municipal de Marbella, con la que comenzó a estar vinculado en 1992 mediante una relación laboral con ciertas sociedades municipales, y que acrecentó hasta que fue nombrado asesor personal de la entonces alcaldesa, Marisol Yagüe, en agosto de 2003.

Para Roca, el fiscal pide además un total de 44 años de inhabilitación y 810,78 millones de euros de multa.

Al presunto cerebro de la trama se le acusa de blanqueo de capitales en el ámbito de una organización, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, ambos como inductor, así como de fraude y cohecho pasivo como acto injusto.

Además de Roca, entre los 95 procesados en esta causa figuran los ex alcaldes de Marbella Marisol Yagüe y Julián Muñoz, ex ediles como Isabel García Marcos y abogados y empresarios.

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La ex alcaldesa Marisol Yagüe se enfrenta a una petición fiscal de un total de 20 años de prisión por los delitos de malversación, fraude, alteración del precio en concurso y subasta, cohecho pasivo, y cohecho pasivo continuado, así como a un total de 57 años de inhabilitación y una multa que ronda los 4 millones de euros.

Para Julián Muñoz, el ministerio público solicita un total de 10 años de cárcel, 23 años de inhabilitación y una multa de 400.000 euros, por los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y cohecho pasivo.

La Fiscalía pide para la ex concejala García Marcos, que fue primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Marbella, un total de 12 años de cárcel, 23 años de inhabilitación y una multa superior a los 700.000 euros, por malversación de caudales, prevaricación administrativa, cohecho pasivo y alteración del precio del concurso y subasta.

Entre los empresarios acusados por el ministerio público figuran los entonces responsables de CCF 21 Negocios Inmobiliarios, Carlos Sánchez y Andrés Liétor, que se enfrentan a un total de 16 años de cárcel y 23 millones de multa cada uno por diversos delitos, entre ellos blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos.

En el escrito, el fiscal reclama a quince de los imputados, entre los que figuran Juan Antonio Roca, Julián Muñoz, y Marisol Yagüe, que indemnicen con un total de 4,17 millones de euros al Ayuntamiento de Marbella.

La «operación Malaya», que engloba diversas investigaciones policiales iniciadas en 2005, salpicó a políticos de varios partidos, empresarios, abogados y funcionarios, y generó un debate sobre la necesidad de un mayor control sobre el urbanismo.