Imagen del Valle de los Caídos, donde reposan los restos de unas 40.000 personas, muchas de ellas fusiladas en la Guerra Civil. | Efe

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El Gobierno informó ayer de que ha realizado «prospecciones» en las criptas y osarios del Valle de los Caídos, entre los meses de mayo y septiembre, como parte de un estudio sobre su estado de conservación, y puntualizó que en ningún momento se ha llevado a cabo «ninguna exhumación ni traslado».

El Ejecutivo reacciona así tras las informaciones aparecidas en la revista Interviú en las que se declaraba que un equipo de forenses había entrado por primera vez y en «secreto», el pasado 6 de septiembre, en las tumbas para exhumar los restos delante de las familias que lo habían solicitado.

Según esta revista, el Gobierno decretó que el estado de los osarios era «inviable» y, por tanto, imposible proceder a su identificación.

En un comunicado del Ministererio de la Presidencia, el departamento que dirige María Teresa Fernández de la Vega explicó que «los estudios forenses aún no han concluido» y que, cuando llegue ese momento, se «harán públicas las conclusiones» y las dará a los grupos parlamentarios, asociaciones y familiares interesados en el asunto.

Investigación forense

El fin de los estudios es «comprobar el estado de los restos y la viabilidad de las exhumaciones» solicitadas por las familias de las víctimas del franquismo enterradas allí.

Presidencia señala que este examen forense se ha emprendido «dentro de un procedimiento administrativo» en el marco de las competencias de Patrimonio Nacional, «que tiene la responsabilidad del mantenimiento y conservación del Valle de los Caídos», y añadió que tal procedimiento es público y que la comunidad benedictina que vive en el complejo está informada.

Otra versión de los hechos es la que sostiene un reportaje de la revista 'Interviú' esta semana, pues en éste se afirma que no hubo ni una orden judicial ni un mandato por parte de un juzgado que amparase las actuaciones del Gobierno en el Valle de los Caídos. En la revista ha aparecido que las familias estuvieron presentes en la exhumación de los restos, pero que el Gobierno les comunicó que no podían hacer pública su visita, y que ni siquiera los monjes benedictinos fueron informados de que el osario iba a ser abierto.