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El juez Antonio Pedreira, que instruye el 'caso Gürtel' en Madrid, prevé el próximo lunes, día 29 de noviembre, levantar la totalidad del secreto sumarial que pesa sobre las actuaciones del proceso penal que implica a varias administraciones del PP, entre las que figuran las piezas separadas de la investigación, han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

El magistrado dictará un auto o providencia en la que se notificará a las partes la fecha en la que los abogados podrán pasar a recoger la documentación. Las mismas fuentes han indicado que es previsible que no se prorrogue más el secreto del sumario.

Entre las piezas se encuentra la que investiga los contratos de la Comunidad de Madrid con las empresas implicadas en la trama de corrupción y la supuesta financiación del PP a través de la fundación Fundescam, informaron fuentes jurídicas.

El levantamiento total del sumario incluirá el contenido de las piezas separadas. Una de las piezas se refiere a las intervenciones de las comunicaciones en la prisión de Soto del Real entre los imputados encarcelados, Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez, y sus abogados.

Polémicas escuchas

El pasado 25 de marzo, la Sala de lo Civil y Penal del TSJM acordó anular todas las escuchas ordenadas por el juez Baltasar Garzón entre los abogados y sus clientes. Esto dio lugar a un incidente de nulidad que forma parte de una pieza separada en el que los abogados vienen reclamando la nulidad parcial o total de la causa al estar muchas partes contaminadas por las escuchas anuladas.

Otra de las piezas separadas se refiere a la que investiga la supuesta financiación irregular del PP a través de la fundación Fundescam en los años 2003 y 2004. En aquellos años, Pío García Escudero estaba al frente de la formación, siendo sustituido el 30 de noviembre de 2004 por la actual presidenta, Esperanza Aguirre.

Fuentes jurídicas indicaron a Europa Press que esta pieza se desgajó a raíz de tres denuncias interpuestas por la Fiscalía Anticorrupción, el abogado del PSM y la defensa de una diputada de IU.

Otra de las piezas abiertas trata lo relativo a los contratos de la Comunidad de Madrid con empresas relacionadas con la red Gürtel, así como la facturación del Gobierno regional y otras administraciones municipales gobernadas por el PP con las empresas del Grupo Rafael.