No obstante, Blanco no desveló si se va a prorrogar el estado de alarma, que finaliza el próximo sábado, durante su intervención a petición propia en la Comisión de Fomento del Congreso para explicar la reforma de la navegación aérea y el conflicto de los controladores aéreos.
Aseguró que «los controladores no pueden abandonar las torres de control en pleno tráfico igual que los médicos no abandonan los quirófanos en plena operación, por un elemental sentido de la responsabilidad exigible a cualquier persona adulta».
A su juicio, los hechos del puente de la Constitución no fueron «un episodio aislado, sino la culminación de un largo proceso de sucesivas amenazas, chantajes, actuaciones irregulares y coactivas».
Calificó las decisiones tomadas por el Gobierno para la reforma estructural del sector de la navegación aérea como «legales», porque estaban amparadas por la Constitución, y «adecuadas», porque respondieron de manera proporcional a la gravedad de la situación.
Además, dijo que fueron «necesarias» porque sin ellas no se hubiera podido garantizar el restablecimiento de la normalidad a corto plazo, y «eficaces», ya que hicieron prevalecer inmediatamente la legalidad sobre la ilegalidad.
El ministro explicó que el sindicato de controladores (USCA) presentó este año una propuesta que implicaba que en 2012 los costes de la navegación aérea en España fueran un 70% más elevados que en los mayores países europeos, y que los de prestar el servicio se incrementasen a 1.100 millones en 2014.
En esa misma oferta se pretendía que las retribuciones de aquellos controladores que pasasen a situación de inactividad a los 52 años cobrasen 170.000 euros anuales de forma vitalicia.
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