EfeMadrid30/12/10 0:00
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La comisión de seguimiento del Pacto de Toledo aprobó ayer por mayoría sus recomendaciones para la reforma de las pensiones, en las que se constata que no ha sido posible acuerdo alguno sobre la edad de jubilación y tampoco se cifra el periodo de cálculo de la pensión, aunque se entiende que debe ser ampliado. El informe con 21 recomendaciones, que será sometido a la votación del pleno del Congreso previsiblemente el 25 de enero, ha contado con la oposición de ERC-IU-ICV y BNG, que consideran el texto lo suficientemente ambiguo como para que el Gobierno haga la reforma que desea sin incumplirlo.

Todos los grupos -salvo el PSOE- lamentaron que el Ejecutivo vaya a aprobar su proyecto de ley el 28 de enero, dos o tres días después de que el pleno dé luz verde al informe del Pacto de Toledo, lo que creen que evidencia que la nueva norma sobre pensiones ya está escrita y deja en entredicho las recomendaciones del Parlamento. Por el contrario, se felicitaron por recoger en las recomendaciones el rechazo a la congelación de las pensiones contributivas en 2011, lo que implicará que por primera vez el Gobierno incumpla una de las sugerencias del Pacto de Toledo.

Contra el Gobierno

La intervención de los portavoces del PP y del PNV fueron las más críticas con el Ejecutivo dentro de los grupos que aprobaron las recomendaciones. Entre los asuntos que han contado con el beneplácito de todos los grupos destacó la solicitud de ampliar la pensión de viudedad para los mayores de 65 años cuyo ingreso principal sea esta prestación, así como alargar la pensión de orfandad hasta los 25 años. En lo que respecta al periodo de cálculo, las formaciones de izquierda se quejaron de la ambigüedad de una recomendación en la que se dice que la comisión está a favor de que el cómputo de la pensión se modifique «para conceder mayor relevancia a la carrera de cotización del trabajador».

Además de los dos temas más polémicos -edad de jubilación y periodo de cálculo-, las sugerencias de la comisión incluyen estudiar que las pensiones se revaloricen respecto al aumento de los salarios, la evolución de la economía o el comportamiento de las cotizaciones de la Seguridad Social, frente al sistema actual basado en el IPC. También plantea la posibilidad de un incentivo fiscal para que en los matrimonios con régimen de bienes gananciales, el cónyuge que trabaje genere pensión para el que no está en el mercado laboral. Se aboga por que los periodos de atención a los hijos o familiares dependientes se tengan en cuenta en el cómputo de la pensión. También se insta a incentivar fiscalmente los sistemas complementarios de pensiones en los convenios colectivos y para autónomos.