El presidente Rodríguez Zapatero recibe los aplausos de su grupo parlamentario tras intervenir en la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Nación. | Emilio Naranjo

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El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró ayer que comprende la impaciencia ciudadana por ver «el final del túnel», pero pidió confianza en las reformas y reclamó colaboración a la oposición para desmentir el augurio de que en España habrá una generación perdida. En su último discurso como jefe del Ejecutivo en un debate sobre el estado de la nación, repasó las iniciativas adoptadas contra la crisis y ha anunciado, sin mayores concreciones, otras nuevas para proteger a quienes no pueden pagar sus hipotecas, apoyar a las pymes y los autónomos ante la morosidad de los ayuntamientos y proponer una regla de techo de gasto para las comunidades autónomas.

Zapatero anunció en el debate medidas dirigidas a dos colectivos especialmente afectados por la crisis económica: las familias que padecen embargos hipotecarios y las empresas y autónomos que sufren la morosidad de los ayuntamientos. El jefe del Ejecutivo desgranó ambas iniciativas en el transcurso de la réplica al portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida. Para ayudar a las familias que se encuentren en la situación «auténticamente insostenible» de no poder hacer frente al pago de su hipoteca, se elevará la cantidad no embargable en estos procesos a 961 euros, es decir, sumando un 50 % al salario mínimo interprofesional (SMI), que es de 641 euros.

Se incrementa el SMI

Este importe se incrementará un 30 % adicional del SMI por cada miembro del grupo que no disponga de ingresos propios regulares, lo que significaría que en el caso de que haya dos miembros en esta situación la cantidad ascendería a 1.350 euros. Según un informe del Consejo General del Poder Judicial, en el primer trimestre de 2011 los desahucios crecieron un 36,3 %, hasta los 15.491.

Además, Zapatero anunció la puesta en marcha de una línea de crédito ICO a tres años para que las entidades locales hagan frente al pago de facturas pendientes a 31 de abril de 2011 a empresas y autónomos. Se trataba de una reivindicación tanto de formaciones políticas como el PP como de los alcaldes socialistas.