Los magistrados Angela Murillo, Teresa Palacios y Juan Francisco Martel especifican en un auto hecho público este lunes que el cumplimiento máximo de pena --en tanto en cuanto la resolución no sea firme-- será en el caso del ex dirigente sindical de cuatro años y medio.
Es decir, a la espera de una posterior decisión del Tribunal Supremo en caso de que las defensas recurran la sentencia, el tribunal ha establecido que permanezca en la cárcel «hasta la mitad de la pena impuesta y siempre teniendo en cuenta el tiempo que ha estado en prisión preventiva».
Díez Usabiaga se encontraba desde el 26 de abril de 2010 en libertad provisional con fianza de 30.000 euros. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón le dejó libre para que pudiese asistir a su madre, que sufre cáncer, y que le reclamó como «cuidador» acogiéndose a la Ley sobre la Dependencia.
Detenido en octubre de 2009, tan sólo había cumplido seis meses y 13 días en situación de prisión preventiva en la cárcel madrileña de Estremera.
Ayuda «prescindible»
El tribunal dice ahora que no duda de la necesidad de cuidados de la madre del condenado pero especifica que «no precisa de la imprescindible ayuda de éste» y que puede ser atendida por otros familiares y allegados.
El auto recuerda que Díez Usabiaga recibió junto a los otros cuatro acusados, entre ellos el ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi-- órdenes de ETA que le encomendó formar un organismo que gestionara una nueva línea estratégica destinada a la acumulación de fuerzas soberanistas.
Compara además su situación con la del resto de condenados y explica que sólo ha estado privado de libertad medio año mientras que Otegi, Arkaitz Rodríguez, Miren Zabaleta y Sonia Jacinto han cumplido en este punto casi dos años.
Los magistrados han accedido de este modo a la petición efectuada por la Fiscalía y la acusación popular Voces contra el Terrorismo que solicitaron en una vista su ingreso en la cárcel al considerar que la condena tiene suficiente peso y entidad como para enviarle a prisión, donde ya se encuentran el resto de condenados, entre ellos el ex portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi.
Por su parte, la defensa del ex dirigente de LAB, ejercida por el abogado Iñigo Iruín, ha protestado durante la vista contra lo que ha calificado como «un atentado contra el derecho de defensa», provocado por la falta de notificación del acto judicial que le ha impedido preparlo con antelación.
El ex dirigente de LAB ha indicado en la vistilla, destinada a solicitar el cambio en su situación procesal, que se considera inocente y ha añadido que no va a poner «ningún problema al tribunal». «Aquí o donde me tenga que ir, seguiré luchando por mi país, por la paz y por soluciones democráticas», ha dicho.
«No he sido nunca integrante de ETA ni mucho menos dirigente, he sido un sindicalista apegado a su pueblo y que ha luchado por él», ha agregado. Además, ha criticado la resolución y ha especificado que desde «la sociedad vasca y más allá de ella» se es consciente de que no está sustentada en hechos que haya podido cometer.
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