Así lo ha decidido el tribunal del jurado que les ha juzgado durante casi siete semanas, por un total de cinco votos a cuatro. Al oír el veredicto del jurado popular, el público que llenaba la sala ha estallado en aplausos, lo que ha llevado al magistrado-presidente del tribunal, Juan Climent, a desalojar esta dependencia.
Cronología del caso
El 6 de febrero de 2009 dos funcionarios de Justicia se personaron en la Conselleria de Turismo para reclamar el expediente del expositor de la Comunidad Valenciana en Fitur, adjudicado a Orange Market, cuyo responsable en Valencia, Álvaro Pérez (conocido como «el Bigotes"), fue detenido tres días después por su presunta implicación en la red de corrupción.
El 19 de febrero, dos periódicos publicaron que la Fiscalía Anticorrupción implicaba a Camps en la trama de corrupción, debido a una frase de una imputada que aludía al pago de 30.000 euros en trajes para él, algo que el expresident desmintió en una comparecencia de urgencia junto a todo su Gobierno.
Menos de un mes después, el 5 de marzo, el juez Garzón envió la rama valenciana del caso Gürtel al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ante la existencia de indicios contra Camps y contra el entonces secretario del PPCV, Ricardo Costa, el exvicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Camps y el exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret.
El 21 de abril, el TSJCV se declaró competente para investigar los hechos que afectaban a Camps -a quien Garzón acusaba de adquirir trajes por 12.783 euros pagados por Orange Market a cambio de otorgar adjudicaciones a esta sociedad- y a los otros tres dirigentes valencianos.
Uno de los hitos de ese 2009 fue la declaración como imputado de Camps, que compareció ante el magistrado instructor del caso, José Flors, el 20 de mayo.
En julio, Flors dictó auto de procesamiento contra los imputados al considerar que existían indicios de un delito de cohecho pasivo impropio.
Camps y el resto de implicados recurrieron esta decisión y en agosto, la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV, encabezada entonces por Juan Luis de la Rúa, a quien Camps consideró públicamente «más que un amigo», ordenó el sobreseimiento libre de la causa.
El escrito de archivo, que contó con un voto particular en contra de uno de los magistrados, consideró que el delito de cohecho pasivo se daba cuando había una contraprestación a los regalos recibidos (en este caso concesiones públicas), interpretación que fue recurrida por el Ministerio Fiscal y el PSPV-PSOE ante el Supremo.
Levantamiento del secreto de sumario
En octubre, el levantamiento parcial del secreto de sumario reveló detalles de los estrechos vínculos que los principales miembros de la trama corrupta mantenían con dirigentes del PP y arrojó sospechas sobre la financiación del partido.
Un mes después, el PSPV se querelló contra la dirección del PPCV y cuatro constructoras por varios delitos, que el TSJCV rechazó asumir en febrero de 2010 para evitar duplicidades pese a ver indicios de delito.
En abril, el Supremo admitió los recursos contra el archivo del caso en Valencia, y el Tribunal Superior de Justicia madrileño aceptó la personación del PSPV como acusación particular.
El 12 de mayo, el Supremo ordenó al TSJCV reabrir la parte valenciana del caso, al interpretar que para que haya cohecho pasivo impropio basta con la aceptación de un regalo entregado en consideración al cargo.
En enero de 2011, Flors dictó una providencia para que las partes personadas en la investigación de un posible delito de cohecho pasivo impropio presentaran sus conclusiones, paso previo para abrir juicio oral o archivar la causa.
La Fiscalía Anticorrupción pidió 41.250 euros de multa a Camps por un delito de cohecho, mientras la acusación particular, ejercida por el PSPV, elevó la petición a tres años de cárcel y ocho de inhabilitación, además de una multa de 46.000 euros, y la defensa pidió el sobreseimiento de la causa.
En abril, Anticorrupción consideró que el TSJCV era competente para investigar una supuesta trama de financiación irregular del PPCV relacionada con la red «Gürtel», que se debería unir a la causa por cohecho impropio que afectaba a miembros del Gobierno autonómico.
En mayo, el TSJCV asumió investigar un posible delito electoral del PPCV en los comicios municipales y autonómicos de 2007 y de falsedad documental en las generales de 2008, y si la Generalitat prevaricó y cometió cohecho en contratos con Orange Market.
Financiación ilegal del PP
Un mes después, el Tribunal valenciano rechazó la inclusión de Camps en la causa por supuesta financiación ilegal del PP, y confirmó la implicación del exvicepresidente Vicente Rambla y de la expresidenta de Les Corts Valencianes Milagrosa Martínez, además de Ricardo Costa, David Serra (vicesecretario de organización del PP) y Yolanda García (tesorera).
El 5 de julio, rechazó acumular las causas «de los trajes» y de la financiación del PPCV, y el 12 de julio se celebró la vista previa para resolver si procedía la apertura de juicio oral, en la que las partes mantuvieron sus peticiones.
El 15 de julio, Flors decidió abrir ese juicio por un delito continuado de cohecho pasivo impropio ante un tribunal popular, al apreciar indicios de que la red corrupta supuestamente pagó unas prendas de vestir adquiridas por el expresident y el resto de imputados.
Dos de ellos, Campos y Betoret, terminaron aceptando su culpabilidad y fueron condenados a pagar la multa más alta prevista para este delito: 9.600 euros.
El 20 de julio de 2011 Camps dimitió como president de la Generalitat tras proclamar su inocencia y con el argumento de que no deseaba representar «ni el más mínimo obstáculo» para que Mariano Rajoy fuera el sucesor de Jose Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa.
El 12 de diciembre se inició el juicio contra Camps y Costa en el Palacio de Justicia de Valencia, aunque sus declaraciones no se produjeron hasta el día 13 y 14, respectivamente, debido al retraso inicial en la selección de los miembros del jurado.
El tribunal recibió el objeto del veredicto y se retiró a deliberar el 23 de enero, después de asistir a 26 sesiones y escuchar a cerca de ochenta testigos.
79 comentarios
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El CARADURA de Camps ha dejado la Comunidad Valenciana en quiebra (20.500 Millones €) les hace pagar a la sociedad subiendo impuestos, mandando al paro a 10.000 trabajadores públicos, recortando en educación, sanidad y servicios sociales. Y que siga cobrando durante 15 años uns sueldo de 57.586€ anuales como consejero, disponga de secretaria y chófer. Valencia, una de las comunidades con más corrupción, y los culpables salen impunes de todo!!! Increible!!
ME PREGUNTO PORQUE ESTE DIARIO HA BORRADO MI COMENTARIO CON LOS IMPUTADOS DEL PP Y NO LO HA HECHO CON LOS DEL PSOE? O LOS BORRARA TAMBIEN????
Con un jurado "popular", juzgar a un político, es un error garrafal; allí estarán presentes las ideologías de cada un@ de l@s miembr@s del jurado. El político saldrá culpable o inocente, dependiendo de la comunidad en la que se le juzgue, e influenciada, la votación, por la mayoría ideológica política partidista (esto, más que impartir justicia, son como unas elecciones, y ver quién las gana). En un jurado profesional esto sería diferente (siempre que no haya jueces "amiguitos del alma")... Los votos han sido 5 a 4, sin posibilidad de empate; en Estados Unidos, un jurado popular tiene que estar, al completo, de acuerdo, para ser considerado "no culpable" o "culpable", si no, se invalida y se va a un nuevo juicio, con nuevo jurado... El 5 a 4 (no es un resultado de futbol, pero lo parece, pués cada miembro del jurado va con diferente "equipo"), demuestra que el resultado no puede ser considerado como justo, pero sí influenciado por ideologias...
su mujer esta satisfecha , llena de orgullo de su marido es innocente ?
INDIGNADISISIMA pues serán menos ahora porque a principios de 2011 eran más (habrá causas ya finalizadas) pero sí te digo que ahora que está el PP en el gobierno central dentro de poco volverán a ser más las del PSOE. Corrupción hay en todos lados y se van destapando a medida qe van cambiando los partidos en los diferentes gobiernos.
.... ahora ya sabemos que hacia el "amigo" de Camps en la terraza del Hotel donde se hospedaba el jurado. Seria bueno conocer la identidad de este jurado y ver como "evolucionan" sus vidas a partir de ahora.
Valencia arruinada, Camps salvado por los pe,..peros. VER-GON-ZO-SO, en Gabón o en el Haiti hay más justicia que en España.
anda y que te ondulen con la permanet y pa suavizarte que te den con crem.
Por cierto todos los de las listas, pp y psoe se han presentado a las pasadas elecciones y les habéis votado, ahora no os quejeis de las consecuencias
Mb NO DEFIENDO AL PSOE PARA MI NO VALEN NI UNOS NI OTROS, PERO SI TE DIGO QUE SON MENOS:PSOE Albacete: Manuel Valcárcel Iniesta. Número 3 al Congreso por Albacete. Alcalde de Tobarra desde 2007. No se encuentra gran cosa. En 2009, la justicia condenó al Ayuntamiento de Tobarra, municipio en el que es alcalde desde 2007 Manuel Valcárcel, a pagar una factura impagada más las costas a una empresa. El impago a esta empresa por parte del Ayuntamiento, en ese momento del PP, partió de una moción de censura propuesta por Valcárcel, en ese momento concejal en el Ayuntamiento. Pedro Antonio Ruiz Santos. Número 1 al Senado por Albacete. Alcalde de Villarrobledo desde 2003 hasta las pasadas elecciones municipales de mayo. Son varias las causas judiciales en las que se ha visto relacionado Pedro Antonio Ruiz Santos. El pasado año, el Ayuntamiento, bajo su mandato, fue condenadoen una causa sobre acoso laboral, aunque el tema no salió a los medios de comunicación dado el férreo control que el PSOE tiene, o al menos tenía, sobre estos en la comunidad castellano-manchega. En octubre de 2010, Ruiz Santos y los once concejales de su grupo en el Ayuntamiento de Villarrobledo fueron procesados por un presunto delito de prevaricación relacionado con la aprobación del Acuerdo Marco Municipal de junio de 2008. Este acuerdo fijaba retribuciones superiores a los límites fijados por los Presupuestos Generales del Estado y en febrero de 2010 fue anulado en parte. En octubre del pasado año se abrió un proceso por presunta prevaricación al equipo de Gobierno roblense, pero fue sobreseído por la Audiencia Provincial de Albacete a principios de este año. Ahora, a raíz de un recurso de amparo presentado por el Partido Popular en la provincia, el caso haido al Tribunal Constitucional. Álava: Ramon Jáuregui Atondo. Número 1 al Congreso por Álava. Vicelehendakari de 1987 a 1991, consejero de Justicia del Gobierno vasco de 1995 a 1997, diputado del 2000 al 2009, eurodiputado de 2009 a 2010 y actualmente ministro de la Presidencia. Implicado en la trama de los Gal según informaciones prestadas por José Amedo a la Audiencia Nacional en julio de 2010. Alicante: Vicenta Tortosa Urrea. Número 6 al Congreso por Alicante. Diputada desde 2009. Alcaldesa de Villena de 2003 a 2007. Desde junio de este año, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo está estudiando un posible delito de prevaricación administrativa por parte de Vicenta Tortosa relacionado con irregularidades en la licencia de un vertedero a instancias a raíz de un auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Villena. Ávila: Pedro José Muñoz González. Número 1 al Congreso por Ávila. Ex alcalde y concejal de Cebreros. Diputado socialista. Mientras ocupaba el cargo de concejal en Cebreros, junto a su hermano también concejal Alberto Muñoz,impulsó el proyecto de “Las Dehesillas”, un macro complejo de 3.500 viviendas y campo de golf sobre parcelas rústicas, hecho denunciado por diversas organizaciones ecologistas. Los dos hermanos intermediaron para convencer a los propietarios de las parcelas sobre su venta. Bizkaia: José María Benegas Haddad. Número 2 al Congreso por Bizkaia. Diputado desde 1977. El pasado año, José Amedo informó a la Audiencia Nacional de la implicación de Txiqui Benegas en la trama de los Gal, que contó con “su consentimiento”. Benegas intentó comprar el silencio de Amedo, entonces secretario de Relaciones Políticas e Institucionales del PSOE, con 600 millones de pesetas, pero éste se echó atrás quedándose con los 35 millones que le dieron como adelanto. Cádiz: Manuel Chaves González. Número 1 al Congreso por Cádiz. Presidente de la Junta de Andalucía desde 1990 hasta 2009 y actualmente vicepresidente de Política Territorial del Gobierno. Uno de los mayores pesos pesados del PSOE, ha sido acusado en varias ocasiones de beneficiar a miembros de su familia desde su cargo como presidente autonómico. Mientras sus hermanos y su hija han recibido subvenciones millonarias de la Junta andaluza, su hijo ganaba sustanciosas comisiones como mediador entre varias empresas y el Gobierno regional. Pero siempre ha salido impune. El pasado mes de septiembre volvió a salir victorioso después de que el Tribunal Supremo revocara la decisión del Tribunal Superior de Justicia andaluz de abrirle expediente sancionador por no inhibirse en la subvención de 10 millones de euros a la empresa Matsa, en la que su hija trabaja como jurista y desde donde han admitido la participación de ésta en la concesión de la ayuda. También está involucrado en el caso ERE, gestionando el fraudulento expediente de regulación de empleo de la empresa malagueña Novo Comlink, que costó más de 35 millones de euros. Huelva Francisco Bella Galán. Número 3 al Congreso por Huelva. Alcalde de Almonte. Un informe policial lo relaciona con el caso Malaya, siendo una de las autoridades municipales que hicieron posible las irregularidades urbanísticas. Lugo: José Blanco López. Número 1 al Congreso por Lugo. Portavoz del Gobierno, ministro de Fomento y vicesecretario general del PSOE. Pepino ha sido acusado en varias ocasiones: por delitos fiscales, por tener un piso ilegal… Ahora, el pasado mes, el ministro de Fomento ha sido acusado de estar involucrado en la Operación Campeón, sobre fraudes en la concesión de ayudas públicas. Según declara José Dorribo, principal imputado en la trama, Blanco cobró 400.000 euros por acelerar el permiso del Ministerio de Sanidad de la empresa farmacéutica de Dorribo. Sevilla: José Antonio Viera Chacón. Número 2 al Congreso por Sevilla. Ex consejero de Empleo y actual secretario general del PSOE en Sevilla. Investigado por su firma en la concesión de ayudas del “fondo de reptiles” a ayuntamientos afines y varias empresas sevillanas en vísperas de las elecciones de 2004. Antonio Casimiro Gavira Moreno. Número 12 al Congreso por Sevilla. Ex alcalde de Mairena de Alcor (1991-2011). Imputado de prevaricación por realizar contratos municipales irregulares de los que se beneficiaron militantes socialistas y familiares de cargos públicos. El caso fue archivado, pero a principios de este año, el Juzgado decidió retomarlo.