Además del listado de facturas, los ayuntamientos deberán remitir también al departamento que dirige Cristóbal Montoro antes del 31 de marzo un plan de viabilidad que les permita hacer frente en el futuro al pago de las deudas «para que no se repita esta situación».
Con esta información da comienzo el proceso marcado por el Ejecutivo el mes pasado por el que comunidades autónomas y ayuntamientos recibirán en torno a 35.000 millones de euros en un préstamo sindicado a diez años y a un interés cercano al 5 por ciento para pagar a sus proveedores, con un periodo de carencia de dos años.
Para ello, el Consejo de Ministros aprobó la semana pasada la creación del fondo que canalizará el crédito sindicado bancario avalado por el Tesoro Público que, a su vez, contará con la contragarantía de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) de los ayuntamientos.
Con este mecanismo, en el que participarán prácticamente todos los bancos españoles, entre los que se incluirá también el Instituto de Crédito Oficial (ICO), el Gobierno espera que los proveedores puedan empezar a cobrar las facturas que tienen pendientes las corporaciones locales a partir del mes de mayo.
El propio Montoro explicó además la semana pasada, después de reunirse con representantes de los ayuntamientos en la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), que el criterio que primará a la hora de pagar las facturas será la antigüedad de las mismas y no la posibilidad de que los proveedores acepten una quita.
APOYO PERO CON ALGUNAS RESERVAS
La medida ha sido acogida en general de forma positiva, tanto por partidos políticos como por los propios ayuntamientos. Para el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Sevilla, el 'popular' Juan Ignacio Zoido, se trata de un plan «muy positivo» porque permitirá «luchar contra el desempleo y dinamizar la economía».
Pero a pesar de que el decreto que regula el mecanismo de pago fue convalidado esta semana en el Congreso con amplia mayoría --a excepción de IU, ERC, BNG y Compromís--, se han escuchado algunas voces críticas sobre aspectos concretos. El vicepresidente primero de la FEMP y alcalde de Vigo, Abel Caballero (PSOE), también lo ve positivo, si bien ha rechazado el interés que impondrán los bancos porque «no se entiende» que se establezca un tipo «de mercado» cuando las entidades bancarias «se financian al 1 por ciento».
Una queja que también ha manifestado el regidor de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, ya que no le parece «razonable». «*Por qué tenemos que regalar cuatro puntos de intereses a los bancos? Es injusto», ha denunciado.
Además, Caballero ha expresado, en declaraciones a Europa Press, su «completo desacuerdo» con el hecho de que a las comunidades autónomas no se les vaya a exigir que paguen a los ayuntamientos dentro de ese plan las cantidades que les adeudan, algunas de las cuales, a su vez, engrosan las deudas de los consistorios con los proveedores.
REFORMA DE LA FINANCIACIÓN
Junto con el plan de pago a proveedores, el Gobierno también ha puesto en marcha otras medidas para aliviar la situación de crisis financiera que viven las corporaciones locales. Así, en la última reunión de la CNAL, Montoro se comprometió a aprobar en un próximo decreto el pago a los ayuntamientos del 50 por ciento de la liquidación positiva de las entregas a cuenta correspondiente a los Presupuestos del ejercicio 2010, lo que equivale a unos 1.000 millones de euros.
En cualquier caso, la mayoría de los partidos políticos pidió al Gobierno en el Congreso el día de la convalidación del decreto de pago a proveedores que, además de todas estas medidas encaminadas a mejorar las finanzas de estas corporaciones, se acometa una reforma de la financiación municipal para resolver definitivamente el problema económico local.
El diputado socialista Gaspar Zarrías ofreció al Ejecutivo un acuerdo para reformar esta norma y también la de gobierno local, si bien el propio Montoro ya había dicho un día antes que su intención es abordar en las próximas semanas o meses la redacción de una norma que clarifique concretamente las competencias de las corporaciones locales y, por ende, las del resto de administraciones públicas para evitar «duplicidades e ineficiencias» y como «condición necesaria para corregir el exceso de déficit público».
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