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El hasta ahora presidente de Bancaja, José Luis Olivas, ha recordado durante su intervención en el consejo de administración en el que ha presentado su dimisión que la entidad, además de que «fue invitada» en mayo de 2010 a participar de un Sistema Institucional de Protección (SIP), ha sido objeto de varias auditorías tanto por el Banco de España como por empresas externas.

Olivas, que ha dicho que presenta su dimisión de los cargos que hasta este momento ostentaba como presidente de Bancaja y, por tanto de la Fundación Bancaja, ha afirmado que es consciente de que durante estos ocho años «han ocurrido cosas difíciles de explicar y de entender en este momento».

Ha añadido que no hay que olvidar «que hemos pasado en España y en la Comunitat Valenciana de una larga época de gran crecimiento económico, a otra en la que nos encontramos ahora y en la que estamos sufriendo la crisis económica más grave, probablemente desde los años cuarenta».

Ha indicado que durante los más de ocho años que ha estado al frente de esa entidad como presidente no ejecutivo: «no he tenido más objetivo que servir con la mayor lealtad, dedicación y desinterés personal, pensando siempre que al hacerlo estaba también, de alguna forma, sirviendo a los intereses de la Comunitat Valenciana».

En un discurso facilitado por Bancaja, ya que el Consejo de administración es a puerta cerrada, Olivas se ha referido a «una nueva realidad histórica y económica» que ha desembocado en «el mayor proceso de reordenación del sistema financiero de nuestra historia, especialmente en el sector de las Cajas de Ahorros».

Según el expresidente, Bancaja no ha quedado al margen de todo este proceso sectorial y ha indicado que el mapa de cajas en España ha quedado reducido, aunque ha hecho hincapié en que al «final quedarán reducidas a menos de media docena».

Ha repasado la historia del proceso hasta llegar a Bankia y ha indicado que en mayo de 2010 se «invitó» a Bancaja a participar en la constitución de un Sistema Institucional de Protección -SIP- (fórmula para la fusión de cajas) con Caja Madrid y otras cinco Cajas de Ahorros más, «constituyendo así la primera entidad financiera por activos en España».

Ha explicado que para realizar la valoración de cada una de las entidades, «se contrató a la firma Deloitte, que era la entidad que auditaba a Bancaja y a Caja Madrid desde hacía varios años».

«Se utilizó toda la información disponible, incluyendo las auditorías y las inspecciones del Banco de España, incluso las que estaban abiertas en ese momento y que se cerraron durante el proceso. Una vez obtenida la valoración relativa, se llevó a cabo el proceso de revisión «due dilligence» (auditoría de compra)», ha recalcado.

Ha destacado también que, a continuación, se encargó a Analistas Financieros Internacionales (AFI) que determinara las cuotas de participación de cada Caja a partir de las valoraciones realizadas.
Olivas ha afirmado que «desgraciadamente» la situación económica y financiera está siendo para todo el sector más negativa y complicada de la que se preveía en 2010», y ha hecho referencia a que cada vez son mayores «las exigencias del Gobierno y Banco de España en cuanto al nivel de dotaciones y saneamientos a realizar».

El expresidente de Bancaja ha hecho alusión a los «frecuentes cambios regulatorios», que son «cada vez más exigentes con el sector».

Se refirió también al Banco de Valencia al asegurar que desde el primer momento de la negociación se ocupó «personalmente de que, a pesar de que Bancaja Inversiones S.A., propietaria del 39% por ciento de las acciones, pasara a integrarse en el Banco

Financiero y de Ahorros», el Banco de Valencia «siguiera manteniendo cierta autonomía e independencia».
«El resto de la historia reciente del Banco de Valencia es conocida por todos y me abstengo de comentarla, aunque lamento profundamente lo ocurrido», ha indicado.

También ha hecho referencia a la «incomprensión que han generado algunas de las decisiones que hemos tenido que tomar, especialmente en estos dos últimos años».

Olivas ha agradecido «el apoyo recibido por el president de la Generalitat Valenciana», Alberto Fabra, «para defender los intereses de Bancaja y del Banco de Valencia».