La Policía ha detenido a 150 personas e imputado a otras 277 por su implicación en una trama de 30 empresas que ofrecía falsas altas como trabajador, que han permitido a más de 400 personas -en su mayoría marroquíes asentados en Catalunya- regularizar su situación y percibir la prestación por desempleo.
La macrooperación ha sido desarrollada por la Policía Nacional, y se ha llevado a cabo en Barcelona, Tarragona, Gerona y Jaén. Los implicados ofrecían falsas altas como trabajador a cambio de entre 300 y 500 euros, y gracias a ese periodo de trabajo ficticio más de 400 personas pudieron regularizar su situación en España y cobrar el subsidio por desempleo.
Fraude millonario
En total, se cree que entre todos llegaron a percibir 2.667.000 euros del Servicio Público de Empleo Estatal, aunque el fraude al Estado asciende a 7.192.000 euros, porque a las prestaciones fraudulentas hay que sumar la deuda de 4.525.000 euros que las empresas -a nombre de testaferros y sin apenas actividad laboral real- contrajeron con la Seguridad Social por incumplir la obligación de cotizar por los seguros sociales. La investigación se remonta a mediados de 2011, cuando la Inspección Provincial de Trabajo de Barcelona detectó la existencia de una serie de empresas con deudas en sus cotizaciones de seguros sociales y, aparentemente, sin actividad laboral real.
Los investigadores determinaron que un grupo de 30 empresas (16 Sociedades Limitadas y 14 Sociedades Civiles Particulares) eran usadas para presentar sucesivas altas y bajas de trabajadores, en ocasiones contratados por varias de las mercantiles del grupo. Estas 30 sociedades incumplieron sistemáticamente y desde el inicio de su actividad la obligación de cotizar por los seguros sociales de sus trabajadores, presentando descubiertos por impago de cuotas por un total de 4.525.000·.
Además, en la constitución de las mercantiles se consignaba como socios y administradores a personas que no ejercían tales funciones y que no eran sino meros «testaferros» procedentes de sectores marginales y de exclusión social.
Gracias a estos se conseguía ocultar la verdadera identidad de los responsables y la localización de las empresas, eludiendo así las acciones ejecutivas que pudieran llevarse a cabo. De hecho, los domicilios sociales y de actividad empresarial facilitados en los datos de inscripción de las sociedades eran falsos.
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Cómo mínimo 30 años de cárcel de forma ininterrumpida. Aviso para navegantes.