El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, ha afirmado que ve «lógico» que los inmigrantes 'sin papeles' paguen la sanidad. | Rom

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El PP, a través de su portavoz parlamentario, Alfonso Alonso, ha mantenido que es «lógico» que los inmigrantes irregulares paguen la sanidad «como lo hacemos todos los españoles». Sin embargo, el secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica del PSOE, Antonio Hernando, ha calificado de «inaceptable» que los 'sin papeles' tengan que pagar una cuota para tener cobertura completa en el SNS y ha pedido al Ejecutivo que «recapacite».

En este sentido, Cáritas ha instado tanto al Gobierno como a los partidos políticos a una «reflexión profunda» sobre las consecuencias de las decisiones tomadas sobre el derecho a la salud. Algunas comunidades autónomas como Catalunya y Asturias han indicado que mantendrán el acceso a la Sanidad Pública a los inmigrantes irregulares.

Manifestaciones

Las reacciones se han sucedido un día después de que el Ministerio de Sanidad explicara que los extranjeros que se encuentren en España y no coticen a la Seguridad Social, que no sean ni asegurados ni beneficiarios, tendrán que pagar una cuota mensual si quieren tener una cobertura completa en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

La medida está diseñada para españoles «rentistas» que nunca han trabajado, para europeos que quieran ser atendidos por el sistema sanitario español y para otros extranjeros que durante su estancia en España quieran esa cobertura total por el sistema público, por lo que afectará también a los inmigrantes irregulares.

Las organizaciones de defensa de los inmigrantes han anunciado manifestaciones para el próximo 1 de septiembre, fecha a partir de la cual se retirará la tarjeta sanitaria a los 'sin papeles', una medida que, según los médicos, saturará los servicios de urgencias.

La plataforma «Tenemos derecho a la salud sin condiciones», integrada por organizaciones de defensa de los inmigrantes, ha asegurado que el 1 de septiembre habrá manifestaciones en distintas ciudades para reclamar al Gobierno que retire el decreto que modifica su cobertura sanitaria.