Uno de los imputados por promover la protesta celebrada el pasado 25 de septiembre ante el Congreso de los Diputados ha presentado este miércoles ante el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional una querella contra la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, al considerar que fue este órgano gubernamental quien «promovió y orquestó» la alteración del orden que tuvo lugar en las inmediaciones del edificio parlamentario.
La querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, solicita al juez Santiago Pedraz que tome declaración a la delegada en calidad de imputada por la comisión de un delito contra las altas instituciones del Estado, tipificado en el artículo 494 del Código Penal, el mismo que se imputa a los organizadores de la manifestación y a los 35 detenidos en la protesta.
El escrito argumenta que la actuación de la Delegación de Gobierno «fue la mejor promoción y difusión que podían haber siquiera soñado las convocatorias del 25-S». Así, detalla que a pesar de conocer la apertura en el Juzgado dirigido por Pedraz de una diligencias de investigación sobre la convocatoria de la manifestación, la delegada decidió autorizar la marcha de forma «verdaderamente insólita».
La querella, firmada por el abogado Jesús María Díaz Formoso, agrega que pesar de que las manifestaciones se convocaron hace meses «se señaló ese mismo día para el debate de los presupuestos generales del Estado», coincidiendo con un clima de enorme malestar social y gravísimos recortes.
El letrado se refiere también a las informaciones aparecidas en distintos medios de comunicación y que apuntaban a que los desórdenes fueron iniciados por policías de paisano infiltrados entre los manifestantes.
Díaz Formoso defiende así que las protestas fueron fruto de «una trama organizada desde las instancias del poder estatal y ejecutada precisamente por quien tiene la obligación de velar y garantizar el ejercicio de derechos por parte de los ciudadanos».
De la Rosa ve innecesaria una regularización
El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de la Rosa, considera «innecesaria» una regulación específica para las manifestaciones en la calle.
En la jornada de inauguración del primer Congreso Iberoamericano de Justicia Terapéutica, que se está celebrando en el Pazo de Cultura de Pontevedra, Fernando de la Rosa fue preguntado por los medios ante la polémica abierta por la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, que ha apuntado la necesidad de revisar las normas que regulan el derecho de manifestación.
El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial respondió que cualquier modificación del derecho manifestarse «es siempre una cuestión muy delicada», por tratarse de un derecho protegido por la constitución. «Nunca es aconsejable tomar este tipo de decisiones sin someterlas a una detenida reflexión previa», ha señalado.
«Es un tema muy importante combinar el derecho de manifestación con otros derechos de los ciudadanos que no deben ser objeto de un simple debate sin una profunda reflexión», ha afirmado.
Para Fernando de la Rosa, «cualquier límite que se tenga que realizar a este derecho fundamental ha de ser de una forma muy ajustada y con muchos criterios». Así, ha considerado que «el actual sistema está funcionando y no debería de modificarse», concluyó.
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