Asimismo, los beneficiarios deberán tener unos ingresos familiares inferiores a tres veces el IPREM (unos 19.000 euros) y no poseer una vivienda en propiedad, ha indicado de Guindos en el Senado.
Tal como se había anunciado, el Fondo contará con 6.000 viviendas propiedad de las entidades de crédito de entre las que no se hayan aportado a la Sareb (la sociedad que aglutinará los activos inmobiliarios tóxicos propiedad de la banca) y estar «en condiciones adecuadas de habitabilidad», indicó Guindos.
El precio del alquiler estará comprendido entre 150 y 400 euros mensuales con un máximo del 30 % de la renta total neta de la unidad familiar y el contrato tendrá una duración inicial de dos años prorrogable por uno más, salvo que la familia deje de cumplir alguno de los criterios estipulados.
Luis de Guindos ha indicado en su intervención en la Cámara Alta que en el diseño y funcionamiento del FSV, que ha dado prácticamente por terminado, han participado representantes del Gobierno, de las entidades financieras y de lo municipios.
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