Según la ONG, perteneciente a la Iglesia católica, «no se puede abordar el problema desde la concepción de la vivienda como un mero bien de intercambio económico» sino que «es imprescindible cumplir su necesaria función social» y «dar cumplimiento al mandato constitucional de promover una vivienda digna y adecuada».
Respuesta
Señala además que las «más de 400.000 ejecuciones hipotecarias que se han ejecutado durante los últimos cuatro años» ha hecho que la promoción de acceso a la vivienda de personas en situación precaria se convierta en «una de las mayores prioridades de la organización» en respuesta a los efectos de la crisis económica.
Por ello, insiste en la «necesidad urgente» de acometer medidas «sostenidas en el tiempo» que eviten, por un lado, la pérdida de la vivienda habitual por medio de una moratoria de las ejecuciones hipotecarias y de la negociación de figuras jurídicas como el alquiler social o la cesión y que, por otro lado, eviten la deuda personal de los deudores de buena fe a través de la dación en pago en aquellos casos en que, llevado a cabo el lanzamiento de la vivienda, las personas afectadas siguen pagando la deuda contraída. Según la organización, esta última medida debería tener efecto retroactivo.
Cáritas ha aplaudido la creación del Fondo Social de la Vivienda y la activación del alquiler social y ha valorado «positivamente» también la respuesta de la sociedad civil ante el problema de acceso a la vivienda así como la admisión a trámite en el Congreso de los Diputados de una Iniciativa Legislativa Popular al respecto la semana pasada. La organización asegura que comparte el «clamor popular ante estas injusticias».
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