Ruz investiga en Argentina la venta de cuadros de la mujer de Bárcenas

En una providencia, contra la que cabe recurso, Ruz acuerda ampliar la comisión rogatoria librada a Argentina con el objeto de que se interrogue como testigo a Isabel Mackinlay, la mujer a la que Bárcenas identificó como la persona que habría gestionado la venta de unos cuadros propiedad de su esposa.

Ruz quiere así contrastar la versión aportada por Bárcenas, que justifica en esa supuesta operación de venta de cuadros los fondos ingresados en una cuenta de su esposa, reflejados en la declaración de su IRPF del año 2006.

El juez ha accedido así a la petición que en este sentido le hizo el pasado jueves la Fiscalía Anticorrupción, que en su escrito a Ruz, al que también ha tenido acceso Efe, indica que la testifical «interesada resulta necesaria para la comprobación de los hechos investigados en esta causa».

Se cuestiona

Las fiscales del caso, Miriam Segura y Concha Sabadell, indican en su solicitud al juez que es precisamente «la operación de compra y venta de esos cuadros la que se cuestiona», ya que de no ser cierta derivaría en la imputación de un delito fiscal a la mujer de Bárcenas «por ese tributo y ejercicio».

Por ello también han pedido que remita a las autoridades argentinas copia de la ampliación del informe de las actuaciones inspectoras relacionadas con el IRPF de 2006 de Rosalía Iglesias.

Aunque la presunta mediadora en la venta de esos cuadros fue identificada por Bárcenas como Isabel Ardanaz, las fiscales señalan que su nombre es Isabel Mackinlay y que su domicilio actual «estaría en Buenos Aires».

Cuando el caso Gürtel se investigaba en el Tribunal de Justicia de Madrid, el magistrado instructor, Antonio Pedreira, levantó la imputación a la esposa del extesorero y al propio Bárcenas, al que Ruz volvió a imputar hace una año cuando la causa volvió a la Audiencia Nacional.

Pedreira, que investigaba un eventual delito fiscal por defraudación del IRPF en los años en los que Bárcenas e Iglesias realizaron la declaración conjunta, argumentó que la mujer del extesorero no llevaba la administración de los bienes del matrimonio ni se relacionaba directamente con la Administración Tributaria.