En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Wert ha dicho que este proyecto, que modifica los aspectos de la ley cuya modificación se consideran más urgentes, anuncia «una reforma de más calado e integral» que se acometerá esta legislatura.
La reforma presentada hoy se dirige a tres frentes: un mayor control de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual por parte de la Administración, un refuerzo de las competencias de la Comisión de Propiedad Intelectual en la lucha contra la piratería y una revisión del concepto legal de copia privada.
Según Wert, uno de los principales avances de este anteproyecto es la distinción que hace «entre las situaciones en las que hay deliberadamente un uso ilícito lucrativo de la tecnología para vulnerar los derechos de la propiedad intelectual de aquellos recursos de la sociedad de la información que en ningún caso basan su actividad o modelo de negocio en violentar esos derechos».
Sanciones de hasta 300.000 euros
La regulación propuesta por el Gobierno concreta un régimen sancionador tanto para las entidades de gestión que no cumplan con las obligaciones que señale la norma como para las páginas web que reiteradamente incumplan los requerimientos de retirada de aquellos contenidos ilegales que atenten contra la propiedad intelectual.
En el caso de las entidades de gestión, las sanciones administrativas pueden llegar a una multa por importe del 2 por ciento de su recaudación en el ejercicio anterior mientras que para las páginas con contenidos ilegales se preven cantidades que van desde los 30.000 a los 300.000 euros.
La reforma pretende también reforzar la eficacia de los mecanismos de la Comisión de Propiedad Intelectual, que recientemente cumplió un año, en los procedimientos abiertos frente a las demandas interpuestas por los titulares de derechos que consideran que sus obras están siendo utilizadas sin su permiso en internet.
Así, se contempla que la Comisión pueda requerir a las empresas que tengan publicidad en páginas con contenidos ilegales que retiren sus anuncios, así como a las empresas de pagos electrónicos que interrumpan sus servicios.
El texto normativo dotaría a la Comisión de una mayor capacidad para actuar frente a las páginas de enlace o prestadoras de servicios que contienen listados amplios con contenidos ilegales.
Para agilizar los procedimientos que se inician en la Comisión (en la actualidad hay más de 80 en investigación), el texto aprobado incluye un tablón de anuncios electrónico para que las páginas denunciadas, que en la mayoría de los casos están alojadas en el extranjero, puedan ser notificadas.
El anteproyecto incluye también una reforma del artículo 256 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para facilitar el acceso de los titulares de derechos a los procedimientos civiles ya que hasta ahora debían de identificar previamente al presunto vulnerador.
Asimismo, frente a la imposición actual de denunciar «obra a obra» por parte del titular de derechos su supuesto uso ilegal, lo que conllevaba un procedimiento por cada demanda, ahora se podrá pedir la retirada de un catálogo de obras e, incluso, todo el repertorio de una discográfica en un solo expediente.
Entidades de gestión
Respecto a las entidades de gestión, la norma establece un catálogo detallado de las obligaciones que tienen que cumplir las ocho asociaciones de titulares de derechos de autor que en la actualidad están autorizadas, como, por ejemplo, la de difundir en su web las tarifas que fijen a los usuarios por la utilización de esos derechos y justificar esos precios con criterios objetivos.
Además, deberán informar sobre el procedimiento de reparto de las cantidades recaudadas por derechos de propiedad intelectual y tendrán que recabar la autorización de la Secretaría de Estado de Cultura para crear fundaciones o sociedades mercantiles.
También se pretende graduar las sanciones en función de los incumplimientos ya que, hasta el momento, la Administración solo tenía capacidad para retirar la autorización a la entidad, última medida a adoptar, mientras que ahora se apuesta por la posibilidad de que pueda ser intervenida.
Sobre la copia privada, el anteproyecto modifica el requisito de que la reproducción se lleve a cabo por una persona física para su uso privado, y añade que no exista la ayuda por parte de terceros. Asimismo excluye de este concepto los usos profesionales y empresariales, como dictó la jurisprudencia europea.
Tras pasar por el Consejo de Ministros, el Gobierno someterá el anteproyecto a la consulta de las Comunidades Autónomas y se iniciará un período para que los sectores afectados opinen sobre su contenido.
Posteriormente, habrá un trámite de información pública, a través de la página web del Ministerio, y se recabarán los informes de la Comisión Nacional de la Competencia, la Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo de Consumidores y Usuarios, el Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado.
El texto volverá al Consejo de Ministros para ser aprobado como proyecto de ley, iniciando entonces su tramitación parlamentaria, un plazo que Wert el ministro ha situado en unos tres meses.
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