Un consejo independiente y no una agencia estatal velará por el cumplimiento de la Ley de Transparencia, mientras que las sanciones a los cargos públicos que no respondan a los principios éticos y de buen gobierno ya no las impondrá el Ministerio de Hacienda, como estaba previsto.
Será la Autoridad Fiscal independiente, creada recientemente por el Gobierno, la que ponga en conocimiento de cada administración las infracciones detectadas, para que éstas incoen el procedimiento y en su caso impongan la sanción, que puede llegar a la destitución e inhabilitación del cargo público.
Concesiones
Estas dos concesiones de última hora del Gobierno han llevado a CiU y el PNV a retirar sus enmiendas a la totalidad del proyecto de Ley de Transparencia, que ha pasado su primer examen en el pleno del Congreso, tras un debate de casi cuatro horas. CiU y PNV retiraron sus enmiendas de totalidad al considerar salvadas las competencias autonómicas.
Con 21 votos a favor, 183 en contra y 117 abstenciones, el pleno ha rechazado las enmiendas de devolución de IU, UPyD, Amaiur, BNG y Compromís-Equo. El nuevo Consejo de Transparencia y Buen Gobierno asumirá las funciones que el proyecto de ley atribuye a la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de Políticas y Calidad de los Servicios, adscrita al Ministerio de Hacienda.
Será elegido por la mayoría absoluta del Parlamento con los perfiles de «independencia y especialización» y no podrá ser destituido durante su mandato. En materia de buen gobierno, el Ejecutivo ha accedido a retirar al Ministerio de Administraciones Públicas la potestad de sancionar a los cargos públicos autonómicos y municipales, y ha optado por la fórmula de que la Autoridad fiscal ponga en conocimiento de cada administración las posibles vulneraciones, para que estas incoen el procedimiento y, si procede, impongan la correspondiente sanción.
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