Decenas de investigadores, miembros del colectivo "Ciencia con futuro", muestran pancartas de protesta esta mañana en la capital, frente al Ministerio de Economía y Competitividad, donde han hecho entrega de las más de 200.000 firmas conseguidas para "salvar" al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). | J.J.Guillen

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Más de 235.000 firmas para salvar al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) del colapso es lo que han conseguido los investigadores del colectivo Ciencia con Futuro que hace tres semanas pusieron en marcha una petición online pidiendo al Gobierno que «no deje morir al CSIC».

Alrededor de un centenar de trabajadores del CSIC se reunieron ayer ante el Ministerio de Economía para hacer entrega de estas firmas, recogidas a través de la plataforma Change.org, que muestran que «la sociedad es consciente de que la investigación es una de las claves que nos sacará de la crisis».

Miles de personas han apoyado esta misiva publicada el pasado 10 de julio, en la que se pide a la secretaria de Estado de I+D+i, Carmen Vela, que se actúe de forma inmediata para salvar al CSIC y denuncian que esta institución y la ciencia pública española «agonizan y podrían dar sus últimos estertores».

Sin embargo, afirmó José Manuel Fernández, investigador de ciencias agrarias del CSIC, lo que ocurre en la institución es sólo «un indicador más de la gravedad del enfermo», y recordó que «cada año sin inversión en investigación se pierden 5 o 10 años de trabajo».

Ataviados con camisetas con el lema «Sin ciencia no hay futuro», los científicos desplegaron pancartas que denunciaban la situación crítica de esta institución que, como rezaban los carteles, ha desarrollado «una vacuna contra el VIH que logra una respuesta inmune del 90 %» o «un compuesto que permite a las plantas adaptarse a la sequía».

El portavoz de «Ciencia con futuro», Julio Rodríguez, recalcó que el CSIC corre «un riesgo real de cerrar sus puertas si no llegan 75 millones de euros antes de final de año».

Según el colectivo, la reciente inyección de 25 millones de euros acordada por el Consejo de Ministros ayuda a paliar la situación, pero sólo es «una venda en una herida abierta por la que mana sangre a borbotones».