Aprobada la Ley de Transparencia sin consenso y entre reproches de opacidad

El proyecto 'estrella' del Gobierno para la regeneración democrática ha salido adelante con el apoyo del PP, CiU, PNV y Coalición Canaria y los votos en contra del PSOE, la Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA, CHA), UPyD y parte del grupo mixto (Amaiur, ERC, BNG, Compromís y Geroa Bai).

Su principal impulsora, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, ha prometido «no descansar en el trámite del Senado para que puedan incorporarse más» grupos, en especial el PSOE, que se descolgó en la recta final de la tramitación tras romper sus relaciones con el PP por el caso Bárcenas.

Hoy el ponente socialista Enrique Serrano ha reconocido el «trabajo silencioso» y de «aproximación discreta durante meses» que ha tenido con el Gobierno, «incluso en circunstancias difíciles», para pactar esta ley, pero ha insistido en que la «obstaculización» del PP a las iniciativas de control al Gobierno del caso Bárcenas impide al PSOE apoyarla.

Sin mencionar a Bárcenas, Serrano ha dicho que desde julio el PP mantiene una «contradicción insalvable» entre esa obstaculización y la apelación a la Ley de Transparencia como «bálsamo» de todos los males.

La falta de explicaciones que, según la oposición, ha dado el Gobierno sobre este caso y el rechazo continuo del PP a sus iniciativas sobre el asunto llevó hace dos meses, no sólo a los diputados socialistas, sino también a los de la Izquierda Plural y grupo mixto, a no participar en los trabajos de la ponencia.

Los populares tuvieron entonces como único interlocutor para negociar enmiendas al representante de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, reuniones a las que al final también se sumaron CiU y el PNV.

En su intervención, el ponente del PP Esteban González Pons ha arremetido contra los socialistas y les ha acusado de cometer un «error histórico» y de «preferir que la corrupción siga viva con tal de que sólo mate al contrario».

Durante el debate, no todos los grupos que han apoyado la ley se han mostrado entusiasmados con ella.

El ponente del PNV, Emilio Olabarria, ha advertido de que su voto favorable no significa «adhesión» a la «operación de diseño» que, a su juicio, pretende llevar a cabo el Gobierno con esta ley.

En nombre de CiU, Jordi Jané, ha opinado que en el texto que se remite al Senado hay «demasiados límites» al derecho de acceso a la información y que habría que introducir excepciones al silencio negativo de la administración.

Jané, que no obstante ha valorado el diálogo con el Gobierno, ha insistido en su reivindicación de que se publiquen las balanzas fiscales y la regulación de un registro para los «lobbies», entre otras propuestas que mantendrá su grupo en el Senado.

El diputado de IU Joan Josep Nuet ha atribuido esta ley al «aparato de agitación y propaganda del PP que se mueve entre Génova y Moncloa» y a su «sentido lampedusiano de que parezca que hay cambios, pero que no tiene que haberlos».

Nuet ha rechazado que la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno vaya a tramitar las peticiones de información dirigidas a la Casa del Rey, por considerarlo un «filtro próximo a la figura del comisario político», y ha sentenciado que es una ley que nace muerta.

Carlos Martínez Gorriarán (UPyD), aunque ha reconocido que la ley mejora algunas cosas, ha insistido en que es «insuficiente» y ha criticado su tramitación «opaca» y la actitud «inexplicable» de los grupos que no han participado en la ponencia.

Ha afirmado que esta es una ley pactada entre los principales partidos pese a las «extrañas interferencias» del caso Bárcenas y se ha mostrado convencido de que el PP y el PSOE la han hecho para «protegerse del exceso de interés de los ciudadanos y de los entes cívicos».

También ha opinado que es una ley «fallida» que, por ejemplo, no permitirá saber qué están haciendo las entidades financieras rescatadas, y que nace marcada por su incumplimiento antes de entrar en vigor, dada su inferioridad de rango ante la Ley Orgánica de Protección de Datos.

Como ejemplo ha puesto que el PP haya invocado recientemente esa ley para «justificar la destrucción de ordenadores de Bárcenas».

Dentro del grupo mixto, sólo Coalición Canaria ha aplaudido el texto y la actitud de diálogo del PP, mientras que el BNG ha hablado de «paripé» y los representantes de Geroa Bai y Amaiur han lamentado que con ellos no hayan dialogado.

Por su parte, el diputado de Compromís-Q, Joan Baldoví, ha 'cedido su escaño' a las 2.280 personas que durante los últimos cuatro días han votado las enmiendas en una web abierta por su partido.