GRA047. BARCELONA, 15/10/2013.- El presidente de la Generalitat, Artur Mas (c), junto al conseller de la Presidencia, Francesc Homs (i); la consellera de Educación, Irene Rigau (2i); el conseller de Cultura, Ferran Mascarell (3d); la consellera de Bienestar; Neus Munté (2d), y el exconseller de Cultura, Jordi Vilajoana (d), momentos antes de la ofrenda floral ante la tumba del presidente de la Generalitat republicana Lluís Companys en el 73 aniversario de su muerte. EFE/Marta Pérez | Marta Perez

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La Generalitat ha presentado un informe sobre «deslealtades» del Estado que cuantifica el impacto presupuestario de los incumplimientos del Gobierno central hacia Catalunya en un total de 9.375,7 millones de euros. La cifra es una de las principales conclusiones de un extenso informe de 50 páginas que analiza «deslealtades» del Estado en varios ámbitos, como la cultura y lengua catalana, la conflictividad institucional, el modelo de financiación o el reparto de objetivos de déficit, entre otros, y que el Govern cree que generan desigualdades sociales porque afectan a la situación financiera de la Generalitat.

En la conferencia de prensa posterior a la reunión semanal del gobierno catalán, el conseller de la Presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs, ha presentado el balance titulado «La deslealtad del Estado respecto a Catalunya», que la Generalitat enviará al Gobierno central. Sin embargo, el ejecutivo catalán, según ha dicho Homs, está dispuesto a discutir presencialmente con el Gobierno de Mariano Rajoy el contenido del informe en la Comisión Bilateral Estado-Generalitat o «en el formato que quieran».

Aumentadas

Homs ha alertado de que se han «cronificicado» las deslealtades del Gobierno, que se remontan a la época del presidente del Gobierno José María Aznar (1996-2004) y que han sido «corregidas y aumentadas» en los últimos años.

«Nos dicen -desde el Estado- que el diálogo se debe hacer desde el cumplimiento de la ley, pues que empiecen», ha espetado el portavoz, quien ha acusado al Gobierno central de «incumplir de forma sistemática sus propias leyes» y vulnerar el «principio de lealtad institucional» con la Generalitat. Según Homs, estos incumplimientos están detrás de parte del «sufrimiento» de los ciudadanos catalanes y vulneran su derecho a no ser «discriminados» por razón del territorio en el que viven, porque el Estado, a su juicio, no aporta los recursos que debería en ámbitos como infraestructuras, educación, becas o servicios a la dependencia.