La administración catalana interpuso un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que lo desestimó, por lo que llevó el caso al Tribunal Supremo (TS), que ahora también lo desestima y mantiene el posicionamiento del tribunal catalán.
El TSJC instaba al Departamento de Enseñanza, que dirige Irene Rigau, a adoptar «cuantas medidas sean necesarias para adaptar el sistema de enseñanza lingüística, en cuanto afecte a los hijos del recurrente, a la nueva situación creada por la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional».
«Estoy muy satisfecha de la respuesta del Supremo, porque demuestra que el PP está defendiendo lo que dicen el Estatut y la Constitución: que los catalanes tienen derecho a un modelo de bilingüismo integrador y a la proporcionalidad de catalán y castellano en la escuela», ha afirmado Sánchez-Camacho.
En rueda de prensa en Barcelona, la dirigente ha asegurado que esta decisión judicial «demuestra cómo Mas no cumple las leyes y el Estatut, y le pediría que cumpla las sentencias».
La sentencia de la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo conocida hoy recuerda que existen «abundantes precedentes judiciales» en el mismo sentido y que esa reiteración «determina que ahora apliquemos esa doctrina consolidada».
En concreto, se citan en el auto del TS once sentencias anteriores, desde diciembre de 2010 hasta noviembre de 2013, resueltas en el mismo sentido.
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