Covite pide a la Corte de La Haya que investigue a dirigentes de Batasuna y de ETA

«En España, desde 2002, que es cuando se firmó el Estatuto de Roma, se tenía que haber cambiado la calificación de los crímenes de ETA por 'crímenes de lesa humanidad' porque cumplen perfectamente las definiciones del Estatuto», señaló la presidenta de este colectivo, Consuelo Ordóñez, tras acudir a la CPI.

Según Ordóñez, en España no se ha cambiado esa definición hasta ahora «porque no interesa». «Salvo Aznar, que es el que más empeño puso en acabar con el Estado de derecho con ETA, el resto de Gobiernos siempre ha intentado acabar con ETA a través de la negociación», sostuvo.

Negociación

El Ejecutivo que lidera en la actualidad Mariano Rajoy «no ha negociado con ETA, por supuesto, pero está negociando con los que han negociado directamente», dijo la presidenta de Covite.

Este colectivo, contrario a toda negociación con la banda terrorista, entiende que si la CPI finalmente calificase los crímenes de ETA como de lesa humanidad, esto cerraría la puerta a todo contacto con sus dirigentes. Supondría, en concreto, que los delitos no prescribirían y tendrían que ser investigados.

En este contexto, Covite pide que por el momento se paralice todo contacto con ETA hasta que se pronuncie la CPI, un proceso que puede demorarse dos meses.

Además de Ordóñez, acudieron a La Haya en representación de Covite Josu Puelles, hermano del policía nacional asesinado por ETA Eduardo Puelles, y los padres de Silvia Martínez, la niña asesinada en agosto de 2002, cuando tenía 6 años.

Los once acusados por Covite son los dirigentes de Batasuna Arnaldo Otegi, Joseba Permach y Pernando Barrena, así como los integrantes de la banda terrorista José Antonio Urritikoetxea, 'Josu Ternera'; José Luis Eciolaza, 'Dienteputo'; Tomás Elorriaga, 'Teo'; Juan Cruz Maiztegui, 'Pastor'; Eusebio Arzallus, Rafael Santiago Azcolain, Iratxe Sorzabal y David Plá.

Gesto de desarme

Por otra parte, los verificadores internacionales que hacen labores de mediación con ETA acudirán a Euskadi el próximo viernes y anunciarán «un gesto de desarme» de la organización, según fuentes de la lucha antiterrorista. La llamada Comisión Internacional de Verificación, que dirige Ram Manikkalingam, haría el anuncio en el País Vasco tras haber logrado contactar con ETA, cuya dirección ha adoptado este compromiso.

Con este gesto de desarme, la banda terrorista pretende presionar al Gobierno después de que en su último comunicado del pasado día 8 ya anunciara que apostaba por promover una «vía vasca» para avanzar hacia la paz, dada la «cerrazón y el inmovilismo» que según ETA tienen España y Francia en este proceso.