Según la información remitida hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el acuerdo articula una serie de mecanismos financieros para asegurar la compensación y supone la retirada de todos los litigios judiciales pendientes, así como la renuncia a futuras reclamaciones.
En virtud de este pacto, Argentina reconoce que tiene una deuda con Repsol de 5.000 millones de dólares, que sufragará a través de varias emisiones de bonos y que no quedará saldada hasta que la petrolera española haya cobrado la totalidad de este importe.
El acuerdo, sujeto a su aprobación por parte de la Junta General de Accionistas de Repsol y del Congreso argentino, garantiza a través de diversos mecanismos que la compensación mantendrá su valor al convertirse de deuda a dinero en efectivo, la que había sido una de las reclamaciones tradicionales de la petrolera.
Para articular el pago, Argentina emitirá deuda soberana por un importe real o de mercado de al menos 4.670 millones de dólares (unos 3.380 millones de euros), independientemente de su valor nominal.
Inicialmente, el país entregará a Repsol una cartera 5.000 millones de dólares nominales con tres tipos de bonos soberanos: dos ampliaciones de emisiones existentes -una por 500 millones de dólares y otra por 1.250 millones de dólares- y una nueva, por un total de 3.250 millones.
La petrolera destaca que a la ampliación de 1.250 millones de dólares hay que sumar otros 500 millones de intereses capitalizados, es decir, que en lugar de abonarse en efectivo se han sumado al nominal, por lo que el valor real de esta emisión es de 1.750 millones.
También señala que la emisión nueva, la de 3.250 millones, tiene garantizado el pago de los intereses -que ascienden al 8,75 %- durante los primeros 18 meses.
En cualquier caso, el acuerdo establece que si estos 5.000 millones de dólares emitidos (5.500 millones si se suman los intereses capitalizados) tienen un valor en el mercado inferior a 4.670 millones, Argentina realizará nuevas emisiones por hasta 1.000 millones de dólares.
En concreto, esta deuda adicional se articularía con tres bonos diferentes: una emisión de hasta 400 millones y dos de hasta 300 millones.
La entrega de los bonos complementarios se realizaría, en su caso, dando prioridad a los títulos con vencimiento más próximo.
Una vez que Repsol asuma todos estos títulos, puede vender los bonos en el mercado o esperar a su vencimiento, ya que la deuda no quedará saldada hasta que el pago se haga efectivo.
Si opta por conservar los bonos, tendrá derecho a cobrar los intereses correspondientes -lo que podría ascender a entre 400 y 500 millones de dólares anuales-, unas cantidades que no se descontarán de la deuda pendiente.
Por su parte, Repsol nunca podrá recibir más de 5.000 millones de compensación, ya que cuando alcance esta cifra -ya sea por vencimiento de los títulos o por su venta en el mercado-, la deuda pendiente desaparecerá e incluso se contempla la devolución de los excesos recibidos.
Como garantía adicional de pago, el hecho de que el acuerdo esté validado por el Congreso argentino supone que la deuda está reconocida oficialmente, por lo que ante cualquier impago Repsol podrá reclamar todas las cantidades pendientes de cobro en un arbitraje internacional sin necesidad de valoración previa.
En abril de 2012, el Gobierno argentino nacionalizó el 51 % de las acciones de YPF, todas de Repsol, y en noviembre de 2013 se alcanzó un principio de acuerdo por el que se comprometía a pagar una compensación de 5.000 millones de dólares (3.700 millones de euros) en deuda argentina, que no ha sido definido hasta hoy.
1 comentario
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Aquesta indemnització fa la diferència entre una expropriació salvatge i una nacionalització. Em sembla una solució prefererable.