«Esto se pidió ya en el Observatorio. Hubo un estudio interesantísimo y una guía de actuación judicial que proponía esa medida, de modo que no fuese una opción del juez, sino que al menos hasta que hubiera un examen pericial psicológico del niño, sobre todo en menores de edad muy pequeños, de como podía asumir ese régimen de custodia o visitas, tendría que estar suspendida. Yo suscribo todas las recomendaciones que el Observatorio ha hecho hasta ahora total y absolutamente», ha asegurado.
En una entrevista con Europa Press, Carmona ha puesto en valor el reciente acuerdo entre los ministerios de Justicia, Interior y Sanidad por el que se promoverá que los jueces, actuando de oficio, «puedan, sin necesidad de que lo pida la acusación particular o el ministerio fiscal, imponer cualquier tipo de medida de carácter civil, porque hasta ahora sólo si la víctima o el Ministerio Fiscal lo pedía, podía incluirlo».
En su opinión, «debería aplicarse de oficio cuando el juez entienda que existe un motivo por el que el menor deba ser protegido y no sólo con medidas de carácter penal de protección del menor, sino también de carácter civil».
El cambio podría afectar al escaso volumen de medidas civiles que dictan los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. En 2013 se dictaron 15.116 medidas civiles derivadas de las órdenes de protección y sólo el 0,3% implicaba la suspensión de la patria potestad, un 3% la suspensión del régimen de visitas y un 6,7% la suspensión de la guardia y custodia al maltratador. En sólo 28 casos, el 1,2% se acordó protección del menor para evitar un peligro.
Poca investigación del maltrato habitual
Carmona reconoce que un maltratador «no» puede ser un buen padre, pero incide en que estas medidas son sólo cautelares, pues en la fase de instrucción «solamente puede hablarse de presunciones y hasta que no hay una condena firme que rompa el principio de presunción de inocencia y se hable de condena por maltrato».
No es el único ámbito en el que considera que los jueces deberían actuar de oficio. Carmona considera que «se investiga poco» el delito de maltrato habitual y a menudo los maltratadores son juzgados sólo por el último episodio, no por todo el historial. En este ámbito tiene que ver tanto la falta de actuación de oficio como la voluntad de los propios abogados, fiscales e incluso las víctimas, que optan por un juicio rápido para conseguir protección lo antes posible.
«Entienden que tener ya hoy una condena y una orden de protección es mejor que eternizar un procedimiento que va a tardar varios meses y en el que la mujer se puede sentir desasistida (...) No podemos abocar a la víctima a un proceso arduo, largo y sin fin», ha señalado, para hacer un llamamiento a los jueces: «tenemos que dinamizar al máximo y ser lo más efectivos posible en esos juzgados para que aunque no sea un juicio rápido, la asistencia y la respuesta sea inmediata».
La primera declaración, prueba de cargo
Asimismo, se muestra partidaria de que en todo momento en que sea posible, la primera declaración de la víctima se considere prueba constituida y sirva así como prueba de cargo en el juicio oral, ahorrándo a la mujer pasar por una nueva declaración, lo que reduce el riesgo de que decida echarse atrás y la posibilidad de que se acoja al artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que le permite negarse a declarar contra su marido, aunque sea el agresor.
«La simple declaración de la víctima por supuesto que es prueba en sí misma para abocar una sentencia condenatoria y continuar con el procedimiento y en el juez de lo penal verá si hay o no otra corroboración, pero hay muchas ocasiones en que no hay prueba de cargo suficiente para continuar, porque e produce en la intimidad del hogar, o por el acogimiento de la víctima al 416, que es lo que más nos preocupa en los juzgados, que la víctima no quiera declarar contra su agresor», explica.
Carmona recuerda que «con la ley en la mano es posible» utilizar la primera declaración en el juicio. «Cada uno de los procedimientos es un mundo, hay otras pruebas periféricas, pero en el momento en que se pueda usar, creo que es bueno porque este es un delito de carácter público y tenemos que actuar de oficio todo lo que podamos para desterrar estas conductas de nuestra sociedad», ha señalado.
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