Rivero: «Rajoy acertaría política y personalmente aceptando la consulta sobre las prospecciones petrolíferas»

Por ello, Paulino Rivero ha pedido al Consejo de Ministros que se pronuncie «ya» y responda «de forma inmediata», tanto si es para rechazarla como para aceptarla, a la petición de consulta, pues considera que su silencio sobre esta solicitud es una «falta de respeto» a las instituciones y a la sociedad de las islas.

«Los canarios seguimos esperando una respuesta del Gobierno de España a la solicitud para someter a referéndum las prospecciones. Hemos cumplido escrupulosamente las reglas del juego dirigiéndonos al Gobierno para solicitar que se autorice la consulta, y esas mismas reglas dicen que ahora es el Gobierno -nunca una comisión parlamentaria- el que debe pronunciarse y darnos una respuesta», señaló Rivero en su blog personal.

El presidente autonómico ha defendido el derecho de los canarios a ser escuchados y a expresar libremente su opinión. En consecuencia, espera que el Gobierno de España «no cometa el error de impedir a los canarios algo tan básico y fundamental como el derecho a opinar sobre una actividad que pone en riesgo el presente y futuro de las islas».

A su juicio, «se equivocan quienes crean que al eludir la cuestión ganan tiempo. Muy al contrario, están perdiéndolo. Su falta de respuesta, lejos de adormecer la posición mayoritaria de los canarios, lo único que está consiguiendo es afianzar un rechazo que suma voces cada semana que pasa, y es que en las islas cuanta más información se tiene, mayor es la contestación a la actividad petrolera».

Aunque las señales «no son las deseables», Paulino Rivero confía en que el presidente Rajoy sea sensible a la solicitud formulada desde Canarias y permita la consulta. «La exigencia de Canarias no debe ser en saco roto. Canarias debe ser escuchada. El Gobierno debe mostrar sensibilidad en esta cuestión y así representar, como máxima institución del Estado, los intereses de los canarios», insistió.

Canarias y Baelars

El presidente Rivero también ha comparado la situación de Canarias con la que se vive en Balears, donde el Ministerio de Industria, dijo, «promueve unas prospecciones que chocan frontalmente con la voluntad del Govern y la sociedad de esa comunidad».

Según el jefe del Ejecutivo canario, «los argumentos esgrimidos en Baleares para oponerse a los proyectos petrolíferos en sus aguas parecen calcados de los que venimos esgrimiendo aquí desde hace años. Basta echar un vistazo a las manifestaciones del presidente del Gobierno balear, José Ramón Bauzá, o a las del vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons».

Ahora bien, considera que si hay un factor sustancial que diferencia los procesos que se desarrollan en Baleares y Canarias es la posición del Partido Popular. «Mientras en Baleares el PP ha hecho piña con el resto de partidos políticos, empresarios, ciudadanos y colectivos para oponerse a las prospecciones, en Canarias ese mismo partido antepone los intereses de Repsol», aseveró.

Pese al PP, Paulino Rivero afirmó que la unidad de acción de los canarios en la defensa de sus intereses «gana enteros», unidad que, recordó, «cuenta con el respaldo de las principales instituciones del archipiélago, de las islas de afectadas, del resto de instituciones, de la práctica totalidad de los sectores económicos afectados y de la inmensa mayoría de la sociedad».

Disparidad del Gobierno

Por otro lado, el presidente canario ha criticado la «disparidad» con la que el Gobierno central afronta este asunto ante una y otra comunidad. Así, apuntó que mientras el Ministerio de Medio Ambiente ha comenzado a tramitar la protección del canal entre Mallorca y Menorca como Lugar de Interés Comunitario (LIC), el de Canarias es «el único de los diez espacios propuestos en España cuya protección ni siquiera se ha comenzado a tramitar».

Además, incidió en que el acceso al expediente de Industria sobre las prospecciones y la postura «firme» del Tribunal Supremo están demostrando que todo el proceso ha sido una «auténtica chapuza» y que se han realizando unos estudios medioambientales con «graves deficiencias y omisiones» que ahora se tienen que subsanar, lo que «provocará que se deba iniciar de nuevo la información pública, retrasando al menos seis meses más el inicio de las operaciones si el Supremo no anula todas las operaciones», subrayó.