Esta es una de las dos vocales encargadas de elaborar la propuesta de informe para su discusión en el pleno del CGPJ. La otra es Carmen Llombart, del sector conservador, menos crítica con el anteproyecto.
Ambas deben diseñar una propuesta común o dos diferentes, según indicaron varias fuentes del CGPJ consultadas por Efe y en el segundo caso la propuesta de Sepúlveda se podría convertir en un voto particular de la minoría progresista del Consejo.
Pilar Sepúlveda aconseja retirar el anteproyecto pues a su juicio aleja a España de los países de su entorno y supone «un retroceso en el avance de los derechos y de la igualdad de las mujeres ya que anula el control por las mismas de su vida reproductiva impidiendo las posibilidades de participar en la economía y vida social de la nación a un nivel igual que los hombres».
Añade que el texto «vincula la interrupción voluntaria del embarazo a un control del Estado que incide de manera injustificada en su derecho a la intimidad, imponiendo la continuidad de la tutela del feto durante todo el embarazo pero muy especialmente durante los primeros meses no con la madre sino contra la madre, lo contrario de lo sostenido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos».
Sepúlveda sostiene que la vigente ley, aprobada en 2010, prevé una regulación que sigue el modelo mixto y más extendido entre los países del entorno de España.
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El espematozoide es ya una vida en si misma, la autosatisfacción masculina es un exterminio de vida humana es un pecado y no tiene perdón de Dios. La ley deberia prohibir esta practica y multarla.