Una de las múltiples protestas contra la reforma de la ley del aborto celebradas en Mallorca. | ultimahora.es

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La aprobación de la reforma de la Ley del Aborto que abandera el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se retrasa de nuevo con las vacaciones de verano del Gobierno y seguirá en ‘stand by' previsiblemente hasta el primer Consejo de Ministros de finales de agosto, previsto para el día 29, o bien para la primera quincena de septiembre, donde puede que finalmente se le dé el pistoletazo de salida a su tramitación parlamentaria.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes ‘populares', pese a que un sector consistente del partido afirma no estar de acuerdo con la normativa, especialmente por una cuestión estratégica temporal, ya que en 2015 hay elecciones municipales y autonómicas primero, y generales después.

Muchos consideran que esta normativa no les va a beneficiar tras la pérdida de votos cosechada en las europeas. No obstante, el propio ministro ha defendido a capa y espada la reforma, llegando a asegurar que «no iba a dejar morir su ley» y que ésta iba a tramitarse en el Congreso y salir adelante, tal y como los ‘populares' se comprometieron en su programa electoral.

De hecho, una de las últimas declaraciones del ministro al respecto fue la que formuló el pasado 21 de julio, en las que ironizaba con que la nueva regulación iba a ver la luz con el final del verano, que según el «Instituto Nacional de Meteorología» acaba en septiembre.

«Estoy en condiciones de decirles que el proyecto se aprobará antes de que termine el verano, y el verano acaba en septiembre, ¿no? ¿Cuándo acaba el verano? Yo creo que en septiembre, ¿no?», bromeó el ministro Gallardón.

La aprobación de la ley se espera desde mayo. Fue aprobada en Consejo de Ministros justo antes de las vacaciones navideñas, a finales de diciembre, y en mayo se cumplían los seis meses que suelen bastar para que un texto legal del Gobierno pase la revisión de los órganos consultivos.

En este caso una cincuentena, y sin contar con el Consejo de Estado, un punto que ha incrementado también la polémica que ya de por sí acompaña a la norma.