Quince años después de haber iniciado lo que parecía una exitosa carrera política, que le llevó a ocupar la secretaría general del PP de Madrid y ser consejero de distintas carteras en el Gobierno de Aguirre, ingresa este viernes en la cárcel salpicado por la corrupción urbanística.
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco despejó este jueves algunos interrogantes de la trama de corrupción municipal y regional destapada en el marco de la Operación Púnica, al frente de la cual sitúa a Francisco Granados y a su amigo David Marjaliza.
Granados (Valdemoro, 1964) abandonó hace ocho meses sus escaños en la Asamblea y en el Senado cansado, según dijo entonces, de que su partido lo desautorizara y lo apartara cada vez más.
Y es que la expresidenta madrileña lo fue relegando poco a poco al perder su confianza, y no por motivos económicos o sospechas de que se estuviera enriqueciendo, según reconoce la propia Aguirre, sino por razones políticas.
En concreto, ese distanciamiento se produjo después de que Granados filtrara a la prensa una noticia que ella misma quería anunciar: que el número de liberados sindicales de la Comunidad de Madrid iban a atenerse al mínimo estrictamente legal.
Fue el 19 de febrero pasado cuando Francisco Granados reconoció, después de haberlo negado en reiteradas ocasiones, que tuvo una cuenta a su nombre en Suiza entre los años 1996 y 2000 y anunció que al día siguiente renunciaría a sus actas de senador y diputado autonómico.
Ese día anunció también que abandonaba definitivamente la política después de 15 años para regresar a la empresa privada, de donde salió en el año 2000 para iniciar una rutilante etapa política en la que llegó a ser número dos de Aguirre en el PP de Madrid.
De carácter espontáneo y dicharachero, Granados destacó por su formación económica y su trayectoria en la banca y por ello lo fichó Aguirre.
Granados estuvo al lado de la presidenta -que le aupó primero como consejero de Transportes y después de Presidencia, cargo en el que hacía a veces de portavoz- hasta que se vio envuelto en el escándalo de los supuestos espionajes a políticos de su mismo partido, un caso que sigue abierto en un juzgado de Madrid.
Para entonces, la relación de Aguirre y su consejero ya estaba muy «tocada"; la presidenta incluso dejaba entrever en público su distanciamiento con el que había sido durante años uno de los «primeros espadas» del Gobierno regional.
El 16 de junio de 2011, cuando Granados ya llevaba ocho años al lado de Aguirre en la Comunidad de Madrid, la presidenta lo destituyó de su cargo en el Gobierno regional.
Sin embargo, le mantuvo al frente de la secretaría general del PP de Madrid, oportunidad que el también exalcalde de la localidad madrileña de Valdemoro aprovechó para seguir en la primera línea de la política e idear los denominados «Desayunos populares de Madrid», un encuentro al que los periodistas asistían sabiendo que el anfitrión haría declaraciones sobre cualquier asunto, sin pelos en la lengua y dando titulares explosivos.
Aquello duró poco más de cinco meses, porque el 23 de noviembre de 2011 Aguirre destituía a Granados como secretario general del PP de Madrid alegando que el partido necesitaba «un nuevo impulso», para justificar que había perdido la confianza en él.
Y por si no fuera suficiente, los cargos que había tenido en la Comunidad y en el PP de Madrid de «número dos» de la presidenta fueron asumidos por Ignacio González, en quien Aguirre depositó la confianza que le había retirado completamente.
Un golpe más, teniendo en cuenta que en la política madrileña era de sobra conocido que la relación entre Granados y González no se podría calificar precisamente de «amistosa».
Desde entonces, Granados estuvo casi apartado de la política regional, más bien solitario en la Asamblea de Madrid y con una importante presencia en los medios de comunicación, como tertuliano televisivo.
Así continuó todo hasta que el 19 de febrero pasado un diario desveló que tuvo una cuenta bancaria en Suiza, asunto sobre el que Esperanza Aguirre le exigió explicaciones, que, como ella misma ha dicho este viernes, no son suficientes.
Desde aquella cuenta, a nombre de Francisco Granados y de su «socio» David Marjaliza y sus esposas, los investigadores llegaron a otras que presuntamente la trama empleaba para blanquear el dinero de las comisiones a cambio de contratos públicos.
Y, detrás de Granados, que da nombre a la operación Púnica, van ya más de cincuenta imputados.
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