Los españoles tienen una baja percepción de la independencia de la justicia

«En Bulgaria, España y Eslovenia la ya baja percepción de la independencia de la Justicia ha ido empeorando», señaló la comisaria europea de Justicia, Vera Jourova, en la presentación del estudio sobre los sistemas judiciales de los Veintiocho de 2015, el tercero que realiza el Ejecutivo comunitario.

La comisaria dijo no tener todavía una explicación para el deterioro registrado en España, pero aseguró que en los próximos meses se concentrará en interpretar y analizar los datos conocidos este lunes para encontrar los motivos de la falta de confianza en el sistema judicial español y la baja percepción acerca de su independencia.

«Puede haber varios factores, uno de ellos puede ser la falta de comunicación con el público, y el otro puede ser simplemente que los procedimientos son tan largos que la gente no confía en el sistema judicial como la vía para obtener justicia», apuntó Jourova.

«Vamos a analizar las razones y luego tras este ejercicio, recomendaremos algo concreto, y esto ocurrirá no más tarde de mayo de este año», agregó.

Según los datos publicados, España presenta una de las puntuaciones más bajas de los Veintiocho, y en los datos se muestra un deterioro progresivo desde 2010 en materia de percepción de la independencia del sistema judicial.

Mientras que en 2010 el indicador de independencia de la justicia en España logró una nota de 4, en 2012 cayó hasta el 3,7 y en 2013 al 3,2.

En el extremo contrario de la tabla se sitúan países como Finlandia, Dinamarca o Irlanda, que en 2013 puntuaron 6,6; 6,5 y 6,3, respectivamente.

Otros países como el Reino Unido (6,2 en 2013), Alemania (5,9) y Francia (5) también superaron a España.

Italia también obtuvo mejor nota que España, pero por muy poco, al registrar un 3,5 en 2013 en materia de percepción de independencia de su sistema judicial.

El estudio publicado hoy incluye por primera vez datos relativos a la presencia de mujeres en las máximas instancia judiciales.

«Los datos confirman una relación inversa: mientras más alta es la corte, más baja es la cuota de mujeres», alerta la CE, que recalca que la equidad de género contribuye a mejorar la calidad de los sistemas judiciales.

Bruselas precisa que aunque la tendencia es positiva, la mayor parte de los Estados miembros aún tienen que mejorar para alcanzar la horquilla del 40-60 % considerada equilibrada en materia de equilibrio de género.

La proporción de juezas en el Tribunal Supremo de España en 2014 ascendió al 11,7 %, frente al de los países con más mujeres en las instancias superiores como Rumanía (84,6 %), Bulgaria (72,9 %) y Eslovaquia (56,8 %).

Otros Estados miembros como Francia, Italia y Alemania también superaron en 2014 la tasa española, con cuotas del 41 %, 25,9 % y 24,8 %, respectivamente.

El país de la UE que más ha mejorado (un 30 %) en su proporción de mujeres en la máxima instancia judicial entre 2007 y 2014 ha sido Luxemburgo, seguido de Italia (15 %) y Grecia (13 %).

España, en cambio, solo ha aumentado la cuota de mujeres en el Tribunal Supremo en un 5 %, lo que sitúa al país en décimo tercera posición junto a Alemania y Holanda, también con una mejora del 5 %.

Los tres países que más empeoraron entre 2007 y 2014 en este indicador de género fueron Hungría, Suecia y Letonia, que registraron caídas del 12 %, el 6 % y el 3 %, respectivamente, en su cuota de mujeres en los altos tribunales.

Los indicadores publicados por la CE se centran en la eficiencia, calidad e independencia de los sistemas judiciales de cada país de la UE, pero este año el informe no incluye datos de España en una buena parte de las categorías, lo que impide la comparación con los demás países de la UE.

Es la tercera ocasión en la que Bruselas realiza este estudio, que tiene por objetivo promover la calidad, independencia y eficiencia de los sistemas europeos de justicia.

Sobre la base de estos datos, la CE hará recomendaciones específicas en mayo a los países que estime oportuno.

En 2014, Bruselas ya dio sus orientaciones a doce Estados miembros, entre los que figuraba España, a la que entonces pidió, entre otras cosas, que reforzara los mecanismos de control e incrementase la transparencia de las decisiones administrativas, en particular a escala autonómica y local.